El gobierno de Javier Milei mantiene un seguimiento minuto a minuto sobre el estallido político y social que sacude a Bolivia y evalúa la posibilidad de robustecer los controles de seguridad en la frontera norte en caso de que las protestas sigan escalando. Las máximas autoridades del Ejecutivo aclararon que la preocupante realidad del país vecino se encuentra actualmente “bajo evaluación”y especificaron que cualquier tipo de movimiento operativo en el territorio quedará bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva.
Los funcionarios de la Casa Rosada descartaron por el momento la opción de reflotar el denominado Plan Roca, un esquema de despliegue militar diseñado para la vigilancia de las zonas limítrofes. La estrategia oficial pasa por moverse con cautela para no emitir señales de alarma desmedidas, aunque las segundas líneas de la administración central admiten que un agravamiento del caos institucional en Bolivia terminará repercutiendo de forma directa en las provincias del norte argentino. Los principales temores concentran en dos frentes claros: una eventual oleada migratoria descontrolada y el peligro latente de que las bandas del crimen organizado aprovechan la vulnerabilidad para intensificar su actividad.
