El proyecto de ley presentado en la Legislatura del Chaco propone sanciones administrativas para quienes participen en usurpaciones de inmuebles públicos o privados.
La iniciativa, impulsada por la diputada Carina Botteri Disoff, establece que estas personas no podrán acceder a planes sociales, subsidios ni otros beneficios del Estado durante un período de hasta tres años, que puede extenderse a cinco en caso de reincidencia.
Además, quienes tengan una condena firme por usurpación no podrán ingresar al empleo público, y los agentes estatales o funcionarios podrían enfrentar sanciones como sumarios o remoción.
El proyecto también prevé la creación de un Registro Único de Beneficiarios Sociales para centralizar información, y prohíbe la conexión de servicios públicos en inmuebles sin tenencia legal, con excepciones por vulnerabilidad.
Según sus fundamentos, la medida busca desalentar las ocupaciones ilegales, proteger la propiedad privada y ordenar la asistencia estatal sin dejar de contemplar situaciones sociales críticas.
