«Tito» Lopez será juzgado en 2026 por lavados de activos
Comenzaron las audiencias preliminares contra el dirigente piquetero Ramón Alberto «Tito» López y su familia, acusados por los delitos de asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos. En la jornada de este martes se fijó la posible fecha de inicio del juicio, que está prevista para abril de 2026.
En el marco de este suceso, Diario Chaco dialogó con el fiscal general Federico Carniel, quien indicó que hoy «las partes ratificaron su prueba, y yo me opuse a la realización de una pericia contable porque consideré que no estaba planteada como dice el código que tiene que ser planteada, sobre todo por los puntos de pericia que propusieron ellos». Sin embargo, la decisión final la tiene el Tribunal Oral Federal (TOF), que está integrado por Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Marcelo Cardoso.
Este pedido de pericia podría «dilatar un año más» el proceso. En ese sentido, Carniel comentó: «Yo creo que son medidas dilatorias que pide la defensa para que se cumpla el plazo de prisión preventiva, los tipos salgan de libertad y este juicio no se haga nunca». En esa línea agregó: «Lo único que les importa a ellos es la libertad».
Luego, el funcionario judicial señaló que «ya está fijada la fecha de audiencia, así que no creo que se demore mucho tiempo más en resolver porque tienen que admitir la prueba». De esta manera, el juicio se llevará adelante los días 8, 9 y 10 de abril del año próximo.
Cabe mencionar que esta audiencia se desarrolló a través de la plataforma Zoom y «Tito» López estaba en su celda de la Unidad Penitenciaria N.° 7. Según Carniel, el acusado «estuvo tranquilo. Es más, ni hablaron ellos. Ellos presenciaron». También estuvieron presentes la esposa del líder piquetero, Librada Romero, y sus hijos David, Daniel y Walter. Todos se encuentran detenidos en diferentes sitios.
ACUSACIONES
La acusación sostiene que López y su entorno pusieron «en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial, entre otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita». Esto habría generado un incremento patrimonial sin justificación en sus ingresos.
Según el requerimiento de elevación a juicio, las maniobras se dividieron en dos etapas: primero, el desvío de fondos estatales hacia fundaciones y cuentas vinculadas al grupo familiar; y luego, el ingreso del dinero ilegal al mercado formal mediante la compra de inmuebles, vehículos, maquinaria, ganado, divisas y negocios rurales.
