Destituyeron a la fiscal que investigó al exgobernador de Entre Ríos, por corrupción
El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos votó, por mayoría, la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche, quien formó parte del equipo de investigación que llevó la causa contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado al momento de ser embajador en Israel. Con cinco votos a favor y dos en contra, la funcionaria fue destituida.
Según publicaron medios nacionales el jurado trabajaba por estas horas en la redacción del fallo.
Goyeneche se desempeña como procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción.
El caso en su contra se abrió por no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartió la titularidad de dos inmuebles. Los votos afirmativos los aportaron los tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos que integran el Jurado de Enjuiciamiento: Juan Smaldone, Gisella Schumacher y Daniel Carubia. También uno de los representantes de los legisladores provinciales, el peronista Armando Gay, y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro.
En tanto de manera negativa lo hicieron la abogada Verónica Mulone y Gustavo Zavallo, diputado provincial, también peronista. Con su posición reclamaban la restitución del cargo para Goyeneche, quien está hace cinco meses suspendida por el inicio de las investigaciones.
La causa contra la procuradora adjunta fue iniciada por tres abogados particulares. En su presentación objetaron que la funcionaria no se apartó de lo que se conoció como la causa más importante de corrupción que tomó la justicia entrerriana: “causa de los contratos truchos” de la Legislatura.
Según agregaron, en la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que pertenecían al equipo y eran coordinados por Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, amigo del marido de la procuradora y con quien compartió dos fideicomisos.
La fiscal se apartó, finalmente, de la causa una vez que se revelaron los nexos porque uno de los departamentos a embargar estaba también estaba a su nombre. Durante el jury aseguró que nunca había tenido trato directo con el acusado porque el vínculo era con su marido.
Pese a que los investigadores indagaron, imputaron y pidieron seis años de prisión para Opromolla, la procuradora fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento entrerriano.
El denominado caso de los contratos trucho en la Legislatura de Entre Ríos detectó maniobras fraudulentas por unos 50 millones de dólares y los lazos llegaban a todos los partidos políticos de la provincia.
Si bien el reglamento no le permitiría apelar, hubo otros casos en los que el TSJ entrerriano admitió la presentación. En caso de que no se lo permitan, podrá recurrir hasta la Corte Suprema, pero en un plazo no superior a los ocho días de ser notificada.
