El fiscal Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito de Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para determinar si hubo evasión tributaria. Según su dictamen, las pruebas reunidas no permiten descartar que los fondos cuestionados hayan sido obtenidos antes del ingreso del funcionario al Poder Ejecutivo.
El pedido no supone un sobreseimiento ni una decisión judicial definitiva. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta la declinatoria de competencia y envía el expediente al otro fuero. Para la Fiscalía, aunque no hay elementos suficientes para sostener un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública, persisten indicios de ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que habrían permanecido sin declarar durante años.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
En ese período, la Fiscalía detectó erogaciones por US$402.578,12, de las cuales US$374.081,66 se pagaron en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.
Los desembolsos incluían pagosvinculados con la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de una propiedad en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones, según el dictamen, se concretó por fuera del sistema bancario o con intervención de terceros.
Ante la intimación para justificar su patrimonio, la defensa de Adorni sostuvo que los fondos provenían de una inversión en Bitcoin anterior a su llegada al Gobierno. Afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras sumaron cerca de US$200.000 y que la posterior venta de los activos produjo US$591.544,61, conservados luego en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos disponibles. El dictamen señaló que, para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito examinada, el incremento patrimonial apreciable e injustificado debía haberse producido después de la asunción del cargo público. El origen de los fondos planteado por la defensa, en cambio, se ubica varios años antes de diciembre de 2023.
El fiscal también remarcó que la investigación no logró relacionar el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
La Fiscalía ordenó una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa. La diligencia confirmó que, al momento de realizarse, las claves privadas estaban bajo control de la defensa de Adorni y permitían generar firmas digitales válidas.
También se verificó que las direcciones registraron actividad entre 2014 y 2018 y que ya no tenían saldo. Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal Argentina aclaró que la cadena de bloques no permite identificar a la persona que controlaba una billetera en una fecha determinada ni establecer desde cuándo tenía acceso a su clave privada.
