Investigan si el Gobierno utilizó fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro
La Justicia federal investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei utilizaron recursos públicos para facilitar la salida de Brasil del senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y su posterior traslado a Estados Unidos a través de la Argentina.
La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti en el que solicitó una serie de medidas de prueba para determinar si existió una intervención de organismos estatales argentinos en el desplazamiento del dirigente brasileño y si se destinaron fondos públicos para concretarlo.
La investigación busca establecer, además, si las autoridades nacionales tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Flávio Bolsonaro en Brasil y si hubo alguna irregularidad en los controles migratorios durante su paso por el territorio argentino.
El episodio se produjo durante la noche del 27 de octubre, cuando el senador ingresó al país junto con su esposa y sus dos hijas a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, en Misiones.
Horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que partió desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos. Bolsonaro habría utilizado su documento de identidad brasileño para ingresar a la Argentina y su pasaporte italiano para salir del país.
Uno de los puntos centrales de la investigación es que el desplazamiento se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la retención de los pasaportes del dirigente y le prohibiera abandonar el territorio brasileño en el marco de una causa judicial.
Desde el Gobierno argentino, en cambio, defendieron la legalidad del procedimiento. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que Bolsonaro había ingresado con documentación válida y que no existía ninguna alerta de Interpol que obligara a las autoridades nacionales a impedirle el tránsito por el territorio argentino. En la misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador y sus familiares no registraban impedimentos para ingresar al país.
La denuncia que dio origen a la investigación en Comodoro Py fue presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien apuntó contra Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por un presunto encubrimiento. También se sumaron presentaciones del diputado nacional Esteban Paulón y de la legisladora Marcela Pagano.
En ese contexto, el 29 de octubre Capuchetti había ordenado requerimientos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería para determinar qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida de Bolsonaro, y si el Gobierno argentino había recibido comunicaciones sobre su situación judicial en Brasil. También dispuso avanzar con el análisis de registros de seguridad para reconstruir sus movimientos durante la permanencia en el país.
En paralelo, la causa iniciada en Puerto Iguazú a partir de la denuncia de Pagano fue desestimada, luego de que el fiscal federal Fabián Martínez considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente brasileño. Sin embargo, esa decisión no implica el cierre de la investigación que continúa en los tribunales de Comodoro Py.
Si bien la fiscal federal Paloma Ochoa todavía no imputó a ningún funcionario, su objetivo es reunir elementos que permitan establecer si existió una intervención de integrantes del Poder Ejecutivo y si se utilizaron fondos públicos para concretar la operación.
