A través del Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió clasificar como secreto militar las contrataciones destinadas al equipamiento de las Fuerzas Armadas. La norma establece restricciones al acceso público respecto a los montos, los proveedores y las especificaciones del material que se adquiera.
La disposición se fijó en el marco de una escalada de tensión con el Reino Unido en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. De acuerdo con el texto oficial, la figura de secreto militar abarca a «toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra».
Para fundamentar la medida, la resolución remitió al artículo 2° de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional. Esta legislación define a la Defensa Nacional como «la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo«. Asimismo, la normativa «prevé que la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes».
En esa misma línea, el texto apela a la Ley 24.948, la cual dispone «que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional».
Así, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición de equipamiento «cuya naturaleza, características y finalidad exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra, toda vez que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación» y determinó que «resulta pertinente declarar secreto militar, en los términos del Decreto N° 9390/63, a las operaciones contractuales vinculadas con las referidas adquisiciones», quedando los organismos contratantes «exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso».
En paralelo, el Ejecutivo impulsó acciones ante la justicia internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago. La semana pasada, la representación argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ubicado en Alemania, «una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte». Según Nación, esta medida cautelar «busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».
Esta solicitud se integra al procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo expresado en dicha acción legal es «defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos».
