El Gobierno decidió apelar el fallo que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula con la que Javier Milei había condicionado su ejecución. La Casa Rosada ya trabaja en la estrategia judicial y descarta, por ahora, abrir una negociación con las universidades.
La definición abre una nueva etapa de un conflicto que ya llegó hasta la Corte Suprema y que ahora se cruza con la discusión del Presupuesto 2027, las paritarias universitarias y la Quinta Marcha Federal convocada para el 15 de octubre.
La estrategia para resistir el fallo
La apelación será presentada en los próximos días. Según trascendió, la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio, analiza además otras alternativas legales para evitar que el Ejecutivo deba afrontar de inmediato el gasto derivado de la aplicación integral de la ley.
En Balcarce 50 sostienen, según informó BAE Negocios, que todavía existe margen para discutir la sentencia y mantienen su argumento central: debe ser el Congreso el que determine de dónde saldrán los recursos.
En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también descartaron una salida política. «No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar», afirmó a Infobae una fuente de su mesa chica. Y agregó que el proyecto de Presupuesto 2027 ya está en el Parlamento: «Si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso».
