El Gobierno nacional oficializó la creación de un programa destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios, una medida que busca impedir que personas vinculadas a organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde las cárceles.
La iniciativa fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva. El esquema alcanzará a los establecimientos federales y podrá extenderse a las cárceles provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios de adhesión.
Según fundamentó el Ejecutivo, el objetivo es «prevenir, disuadir y neutralizar» el uso de tecnologías de telecomunicaciones dentro de las unidades penitenciarias cuando sean utilizadas para planificar o coordinar maniobras ilícitas que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
Cómo funcionará el bloqueo de celulares
El sistema permitirá detectar tres elementos asociados a cada teléfono utilizado en los establecimientos: el IMEI, un código único que identifica físicamente al dispositivo; el IMSI, relacionado con la tarjeta SIM y la identidad del abonado dentro de la red; y la línea telefónica correspondiente.
Una vez identificados esos datos, deberán ser comunicados a las empresas prestadoras de telefonía móvil para que procedan al bloqueo. De esta manera, la medida no apunta únicamente a inhabilitar un número telefónico determinado, sino también al equipo y a la identificación vinculada a la tarjeta SIM.
Las compañías, además, tendrán que registrar y conservar las gestiones efectuadas para garantizar la integridad y trazabilidad de la información y poner esos registros a disposición de los usuarios o de las autoridades cuando corresponda.
El procedimiento se aplicará sobre aquellos dispositivos que se activen tanto dentro de las áreas de detención como en sectores de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios alcanzados por el programa.
La experiencia previa en cárceles federales
El nuevo programa amplía un mecanismo que ya había comenzado a utilizarse dentro del Servicio Penitenciario Federal. En 2026, a través de la Resolución 336, el Ministerio de Seguridad autorizó la instalación y funcionamiento de dispositivos para detectar y bloquear IMEI e IMSI en unidades penitenciarias federales.
De acuerdo con los fundamentos de la nueva normativa, esa experiencia demostró ser una estrategia adecuada para impedir el uso indebido de celulares por parte de integrantes de organizaciones criminales alojados en establecimientos federales. A partir de ese antecedente, el Gobierno resolvió avanzar con un esquema que permita incorporar también a las jurisdicciones provinciales.
La resolución también recuerda que la legislación vigente reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a comunicarse periódicamente con familiares, amigos, allegados, abogados y organismos vinculados con su reinserción social. Sin embargo, la Ley 24.660 establece expresamente la prohibición de realizar comunicaciones telefónicas mediante equipos o terminales móviles dentro de las cárceles y prevé la instalación de mecanismos tecnológicos destinados a impedirlas.
¿Qué tendrán que hacer las provincias?
La adhesión de las provincias será voluntaria. Para incorporarse al programa, cada jurisdicción deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional , que definirá las responsabilidades y procedimientos necesarios para implementar el sistema.
La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de poner en marcha el programa en las provincias que soliciten incorporarse y tendrá facultades para formalizar los respectivos convenios. La resolución invita expresamente tanto a las provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar.
Además, las jurisdicciones adherentes deberán asumir los costos correspondientes a la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección necesarios para implementar el mecanismo.
Nación será el nexo con las empresas telefónicas
Otro punto central es que el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única para canalizar hacia las compañías de telefonía móvil la información de los equipos detectados en las cárceles provinciales.
Esto significa que las jurisdicciones adheridas deberán remitir los datos obtenidos al Ministerio, que será el encargado de trasladar los pedidos de bloqueo a las prestadoras de servicios móviles de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El Gobierno sostuvo que la ampliación del sistema apunta a establecer un mecanismo coordinado entre Nación, provincias y empresas de telecomunicaciones frente a una problemática que excede las cárceles federales: el uso clandestino de teléfonos móviles desde establecimientos penitenciarios para organizar maniobras delictivas fuera de ellos.
