La medida se enmarca en la reciente aprobación de la ley de amnistía impulsada por el gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que el proceso no es automático y que cientos de casos podrían quedar excluidos.
La Justicia de Venezuela ordenó la liberación de 379 presos políticos en la noche del viernes, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía destinada a excarcelar a personas detenidas por razones políticas a lo largo de las últimas décadas. La medida fue anunciada por el diputado oficialista Jorge Arreaza, responsable de supervisar la aplicación de la norma, y establece que las liberaciones se concreten «entre la noche de hoy y la mañana de mañana» tras la aprobación de la ley.
Esta decisión se produce en un contexto de profunda reconfiguración del panorama político venezolano tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, un hecho que terminó con el control efectivo del poder por parte de su círculo cercano y llevó a la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina.
La nueva ley de amnistía es una de las primeras medidas de mayor impacto impulsadas desde ese cambio en el liderazgo y se enmarca en una serie de gestos hacia la distensión política demandados por actores internacionales.
Desde temprano, Rodríguez defendió la aprobación de la amnistía como un paso hacia «una Venezuela más democrática, más justa y más libre» y resaltó su firma como un «acto de grandeza», subrayando la importancia del perdón y la reconciliación nacional. Arreaza, por su parte, confirmó que la norma ya fue enviada a los tribunales competentes para que se concedan las medidas de amnistía correspondientes.
La ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento dominado por el oficialismo y busca cubrir delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2025, aunque organizaciones de derechos humanos y sectores familiares de detenidos advierten que su alcance es limitado y excluye a numerosas personas que aún permanecen tras las rejas.
El director de la ONG Foro Penal alertó que, aunque cientos ya han sido liberados de forma condicional desde principios de enero, quedan casi 650 presos políticos y que el proceso no es «automático», ya que cada caso debe ser revisado por la justicia.
Expertos y críticos del gobierno interino señalan que la norma no contempla la liberación de quienes han sido acusados de «acciones armadas» o delitos graves como terrorismo, y que muchos militares o civiles implicados en hechos que el Estado clasifica como delitos graves quedan fuera de los beneficios del texto. Además, se creó una comisión parlamentaria para analizar casos que la ley no abarca, en un intento por responder a las demandas de familiares y organizaciones civiles.
Organizaciones de derechos humanos expresaron su escepticismo: consideran que la amnistía, aunque supone un alivio para quienes salen de prisión, no desmonta el aparato represivo ni garantiza la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, y piden reformas judiciales más profundas para asegurar la protección de las libertades fundamentales.
