Lo ocurrido en Margarita Belén no admite relativizaciones ni excusas administrativas. Fue, lisa y llanamente, una maniobra política basada en el engaño, con nombre y apellido: Javier Martínez. Utilizar un predio que no pertenece al municipio y presentarlo como solución habitacional para vecinos necesitados es una práctica grave, irresponsable y éticamente reprochable.
La denuncia del presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, deja al descubierto algo más profundo que una irregularidad: un modo de hacer política. Prometer viviendas donde nunca existieron proyectos habitacionales, apropiarse de una obra provincial y montar una puesta en escena con familias vulnerables no es un error, es una decisión consciente.
El predio en cuestión estaba destinado a una residencia geriátrica con Centro de Día, con un 50% de avance, pensada para adultos mayores. Desvirtuar ese destino significa frenar una política pública esencial y, al mismo tiempo, jugar con la desesperación de quienes necesitan un techo. No hay relato que pueda maquillar semejante cinismo.
Cuando Berecoechea habla de “estafa moral”, describe con precisión lo ocurrido. Porque no se trata solo de papeles o jurisdicciones: se trata de ilusiones creadas a sabiendas de que no podían cumplirse. Una práctica tristemente conocida, fiel al manual kirchnerista, donde el impacto político inmediato vale más que la verdad, la legalidad y las consecuencias sociales.
La forma de ejercer el poder basada en la mentira es habitual en Javier Martinez, que deja a los vecinos como rehenes de una ambición política sin límites.
