A su regreso de una gira internacional de diez días, el presidente Javier Milei enfrenta una cuenta regresiva para implementar una serie de reformas administrativas por decreto. Con la fecha de vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases cada vez más cerca —el próximo 8 de julio—, el Ejecutivo se apresta a firmar y publicar más de una decena de decretos que apuntan a desregular organismos públicos y reducir el tamaño de la planta estatal. Las medidas involucran principalmente a los ministerios de Economía, Salud y Capital Humano, y afectan organismos clave como el INTA, ANMAT, ANAC y Senasa.
Entre las transformaciones destacadas se encuentra la reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con la posible venta de sedes y reducción de personal. También se prevé el traspaso de funciones del Instituto Nacional del Cáncer al Ministerio de Salud, un paso que aún no fue reglamentado. Estas medidas buscan eliminar estructuras duplicadas y ajustar presupuestos, en línea con la política de recorte del gasto que sostiene el oficialismo. El informe más reciente del Ministerio de Desregulación indica que el Estado cuenta con 111 organismos, y más de 470 cargos jerárquicos en revisión.
El margen de acción del Ejecutivo está acotado no solo por el límite temporal de las facultades delegadas, sino también por la dinámica política. La Casa Rosada evalúa cuidadosamente el momento de cada anuncio, para evitar que las novedades se diluyan en otras noticias de alto impacto, como la situación judicial de Cristina Kirchner. Además, persiste el debate interno sobre cómo administrar los salarios estatales, especialmente entre los monotributistas contratados bajo el Decreto 1109/17, quienes no perciben incrementos desde octubre y representan uno de los focos de mayor tensión dentro de la administración pública.
Mientras tanto, el futuro del propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es incierto. Algunas voces dentro del oficialismo sugieren que podría ser reestructurado una vez finalizadas las facultades especiales. Lo que parece no cambiar es el control sobre las políticas salariales, área en la que Sturzenegger mantiene influencia directa. Sin embargo, las dificultades para actualizar sueldos en los niveles jerárquicos más altos ponen en riesgo la permanencia de personal calificado, lo que deja al Gobierno ante el desafío de sostener su estructura sin capacidad plena de retención.
