La jueza federal María Servini quedó a cargo de la investigación contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda Libra. La designación se realizó a través de un sorteo en la Cámara Federal, determinando que el Juzgado Federal N°1 de Comodoro Py llevará adelante la causa. El fiscal que intervendrá en la investigación será Eduardo Taiano.
La primera denuncia fue presentada por el exdiputado Claudio Lozano, el abogado Jonatan Baldiviezo, el letrado Marcos Zelaya y la activista María Eva Koutsovitis. En el escrito, los denunciantes señalaron que Milei habría participado en una «asociación ilícita» destinada a ejecutar una «megaestafa» mediante la criptomoneda Libra, acusándolo de otorgarle credibilidad y respaldo al proyecto.
Los denunciantes detallaron que el esquema de estafa respondía a la modalidad conocida como «rugpull» o «tirón de alfombra», donde los promotores de un activo digital atraen inversores, inflan su valor y luego retiran los fondos, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero. Según su planteo, este sería el fraude más grande registrado en la historia de las criptomonedas.
En la presentación judicial, los querellantes solicitaron medidas de prueba, incluyendo el allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada para secuestrar dispositivos electrónicos. También pidieron la identificación y allanamiento de los domicilios de los acusados, la intervención de la plataforma X para preservar mensajes eliminados y el bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias vinculadas al caso.
Las empresas detrás del proyecto Libra llevaban más de dos años operando en el país, aunque los denunciantes afirman que los convenios necesarios para su lanzamiento carecían del respaldo técnico correspondiente. A pesar de ello, el Presidente habría promovido públicamente la criptomoneda, incentivando su adquisición.
La causa avanza en Comodoro Py mientras crece la incertidumbre sobre las implicancias políticas y legales de la denuncia. La Justicia deberá determinar si el mandatario tuvo una participación directa en la maniobra y si se configuraron delitos de fraude y asociación ilícita en el marco de esta controversia.
