El Estado provincial será querellante en el caso de G.C, la empleada judicial que fue retirada de su domicilio mediante un operativo y causó daños en el portón de acceso de la vivienda. Luego, habría estado internada contra su voluntad en el sector de Salud Mental, del Hospital Perrando.
En ese marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia se presentó como querellante en el caso y remarcaron que se trata de una decisión tomada por el gobierno provincial en un «firme compromiso de apoyar a la joven en su búsqueda de justicia».
Además, manifestaron que el caso generó «preocupación social, especialmente debido a las versiones encontradas que existen». «El gobierno tiene todo el derecho de estar presente como querellante, porque ante cada derecho humano que se viole, nosotros vamos a acompañar en el proceso judicial y la necesidad de garantizar un proceso justo», explicaron.
A su vez, indicaron que «el objetivo del Estado, es correr vista de los expedientes, analizar el proceso y definir una estrategia para avanzar en el caso». «Queremos acceder a la mayor información, la cual la fiscal nos habilitó el acceso durante cinco días y la hemos analizado. No queremos emitir opinión y debemos ser responsables», señalaron desde la subsecretaría.
