La agrupación Polo Obrero continúa bajo investigación por supuestas irregularidades en el manejo de más de 360 millones de pesos recibidos del Estado entre 2020 y 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. La investigación, dirigida por el juez federal Sebastián Casanello, implica acusaciones de extorsión, coacción y fraude, con la participación del fiscal Gerardo Pollicita.
El expediente detalla cómo los dirigentes de Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, recibiendo un total de 361.087.500 pesos destinados al programa social Potenciar Trabajo. Estos fondos, transferidos a través de cuentas bancarias, debían ser administrados para beneficiar a personas en estado de vulnerabilidad.
Sin embargo, las autoridades judiciales encontraron que una parte significativa de estos fondos fue administrada de manera indebida. El juez Casanello destacó el uso de facturas apócrifas para simular gastos inexistentes, desviando así el dinero hacia fines políticos y partidarios en lugar de los beneficiarios finales.
Empresas Fantasmas
Dos empresas, Coxtex SA y Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, fueron identificadas como emisoras de las facturas falsas. Coxtex SA, declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, no tenía sede social ni comercial. Por su parte, Rumbos SRL, una imprenta sin una sede real de funcionamiento, emitió 179 facturas falsas por un total de 31 millones de pesos. En conjunto, las operaciones fraudulentas involucraron 36.144.418 pesos.
El dinero se justificaba en categorías amplias como «materiales, indumentaria e insumos» o «maquinaria, herramientas y equipamiento», facilitando el desvío de fondos. Además, se contrataron servicios de publicidad digital y impresión de boletas y folletos a través de empresas como Makosen SRL, utilizando parte del dinero para cubrir gastos corrientes y actividades de prensa, militancia y campaña electoral de la agrupación.
Ronda de Indagatorias
El juez Casanello ha iniciado una serie de indagatorias a los dirigentes del Polo Obrero, siendo la última citación la de Eduardo Belliboni, principal referente de la organización, programada para el 26 de junio. Esta etapa de la investigación busca aclarar las imputaciones y establecer responsabilidades en el manejo irregular de los fondos públicos.
