14 abril, 2024
ArgentinaPolítica

Derogarán el DNU que declaró a las telecomunicaciones como servicios esenciales

El Gobierno está avanzando en la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que declaró a internet, la telefonía y la televisión por cable como servicios públicos esenciales.

Esta medida, implementada durante la gestión de Alberto Fernández, permitió al Gobierno congelar precios y regular los aumentos tarifarios, lo que generó controversias legales con las compañías del sector.

El decreto fue promulgado en agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando la educación y el trabajo pasaron a ser mayormente remotos. Aunque la situación cambió y la vida volvió a la normalidad, la medida continuó vigente.

La derogación del Decreto 690/2020 está en proceso administrativo y se espera que se publique en las próximas semanas. Sin embargo, el Gobierno asegura que no se anticipa un aumento en el valor de estos servicios, ya que las empresas recurrieron a la Justicia para actualizar sus tarifas debido a la inflación, que alcanzó niveles no vistos en décadas. Uno de los fallos más recientes favoreció a Telecom, que logró la anulación del DNU para sus operaciones a fines de noviembre pasado.

Cabe resaltar que, en los últimos meses, fue uno de los segmentos que más aumentó. En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Indec.

Por otro lado, durante noviembre del 2023 la justicia Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de este decreto que había considerado a las telecomunicaciones como servicio público esencial.

La resolución fue dictada por la jueza del fuero Cecilia De Negre, en el marco de un planteo de la empresa Telecom Argentina, que es prestador de telefonía, cable y acceso a internet.

La empresa cuestionó que hasta el dictado de esa norma, a la que calificó de inconstitucional, podía «fijar libremente los precios» y por las restricciones derivadas del control estatal que la categoría «servicio público» le impone a su actividad.

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