Suspendieron un juicio porque el abogado del imputado tiene arresto domiciliario
En Mar del Plata debía realizarse este jueves la primera audiencia del segundo juicio oral por el crimen de Ricardo «Riqui» Rodríguez, ocurrido en octubre de 2018. El acusado ya había sido condenado en 2020 pero se determinó que se lleve adelante nuevamente un juicio oral.
Pero el juicio debió suspenderse por una inédita medida: el doctor Gonzalo La Menza, abogado del único imputado, se encuentra detenido bajo arresto domiciliario por una causa de explotación laboral que investiga la Justicia Federal, y en el marco de la cual se le negó la salida transitoria para asistir al debate.
El acusado, Juan Carlos Páez, de 22 años, fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión en 2020, pero ese proceso fue anulado por la Cámara de Casación, que ordenó este segundo debate, según informó el diario La Capital.
Cuando los jueces Néstor Conti, Jorge Rodriguez y Ana Fernández, además de la fiscal Andrea Gómez, se aprestaban a iniciar la audiencia, todo debió cancelarse, ya que la Justicia Federal no le otorgó al abogado La Menza, defensor de Páez, la autorización para concurrir a Tribunales y participar del proceso.
El abogado detenido
Gonzalo La Menza fue aprehendido en noviembre del año pasado mientras caminaba por el centro de la ciudad de Mar del Plata, por orden de la Justicia Federal. La causa en la que está imputado se inició a raíz de una pesquisa preliminar que tramitó en el fuero provincial, a raíz de un episodio de amenazas.
Al detectarse una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral, se dio aviso a la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, que pidió la medida inhibitoria y llevó adelante la nueva investigación. En una primera instancia, había sido imputado -y luego procesado- un hombre que estaba a cargo de un campo en la localidad de Balcarce. Al momento de la indagatoria, nombró a su entonces abogado defensor, Gonzalo Lamenza, como la persona que manejaba el predio rural.
Por otro lado, y como resultado de los allanamientos solicitados por la fiscalía, se encontró documentación de relevancia para la causa, como un contrato de aparcería, en el que estaban involucrados el letrado y la pareja del primer imputado, quien fue procesada por cuatro casos.
En el predio fueron halladas cinco víctimas, entre ellas un bebé. Los trabajadores vivían en el mismo predio, arriba de un colectivo abandonado que no contaba siquiera con un baño.
