«La justicia chaqueña es la herencia de la colonia española»
Durante los últimos tiempos, el Poder Judicial del Chaco es el reflejo de las tantas irregularidades en términos jurídicos. Las victimas de delitos y fallos insólitos se enfrentan a la burocracia del sistema de manera cada vez mas notorias.
Tanto jueces y fiscales solo dictan sentencias conforme a dichos de terceros. Olvidándose de su condición intelectual y sujetándose a demandas de un sector.
A tal punto, que las comisarias y cárceles colapsan de personas privadas de libertad, por simples denuncia, sin pruebas. Lo que es necesario una reforma del Código Procesal Penal. Un debate que se lleva adelante en Cámara de Diputados del Chaco y que el Poder Ejecutivo tiene interés en que se trate antes de que inicie la campaña electoral.
La subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky, afirmó que la justicia provincial es una «herencia de la colonia española, que es necesario poner en discusión. La estructura piramidal mediante la cual se encuentra organizado el Poder Judicial tiene relación con el hecho de que la potestad de juzgar le pertenecía al rey y por lo tanto éste lo delegaba en funcionarios inferiores»
A través de la Legislatura provincial, se debate la creación necesaria de Colegio de Jueces y Oficinas Judiciales. Lo que ayudará a los funcionarios impartir justicia seria y con los instrumentos legales tanto para el imputado como así para las victimas.
“Lo que proponemos es romper con la estructura verticalizada y jerarquizada del Poder Judicial y dotar de mayor eficacia al funcionamiento del mismo mediante la maximización del recurso humano juez”, aseguró la subsecretaria de Justicia. El juez tiene el deber de juzgar, dictar sentencia, no administrar recursos humanos administrativo.
En ese sentido, aseguró que es necesario debatir sobre el uso de la prisión preventiva debido a que hace prácticamente tres décadas que constituye una de las áreas más deficitarias de la justicia penal y existen muchos instrumentos internacionales que obligan a revertir su uso.
“La sobreutilización de la prisión preventiva es un problema endémico en la mayoría de los sistemas provinciales y regionales”, dijo la subsecretaría. Lo que se propone es un plan de racionalización del encarcelamiento preventivo, basado en tres medidas concretas: primero, la diversificación de las medidas cautelares para entregar una mayor cantidad de opciones al fiscal, defensor y el juez para asegurar la comparecencia y sujeción de la persona imputada al proceso judicial; segundo, la instauración de una audiencia oral y publica de carácter obligatorio para que en esa instancia las partes debatan sobre el riesgo concreto que representa la persona imputada y la medida más adecuada para neutralizarlo; y tercero, la creación de una Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) al interior del Poder Judicial, que tendrá como misión generar información de alta calidad sobre la situación personal de la persona imputada como así también garantizar que la medida cautelar que se dicte sea controlada
