Los policías que asesinaron a Ponce de León continúan en libertad

Hubo una decisión que Sebastián Ponce de León (35) tomó el 31 de enero de 2019. Se trataba de algo incómodo pero relativamente irrelevante, y sin embargo acabaría definiendo su destino. Lo que optó por hacer aquel día fue dirigirse a la casa de una joven con la que llevaba algunas semanas de relación para retirar ropa que había dejado allí.

El vínculo estaba deteriorado y para él ya no había restauración posible. Una vez en el domicilio de su exnovia, se desencadenó una discusión, se produjeron hechos de violencia y una comisión de la Comisaría Primera de Barranqueras llegó al lugar. Se llevaron a Sebastián. Poco después fue ingresado al Hospital Perrando con gravísimas lesiones internas. Moriría el 10 de febrero.

TORMENTOS Y MENTIRAS

Quienes lograron visitar a Ponce de León en sus días de internación, mientras aún estaba consciente, escucharon sus relatos en voz baja sobre el terror que había vivido mientras estuvo bajo la custodia de los tres policías que lo detuvieron.

Hablaba con miedo, porque en el hospital conservaba su condición de detenido y era custodiado por agentes de la misma fuerza. Su cuerpo estaba poblado de hematomas y heridas.

Él declaraba dolores muy intensos y exhibía una inflamación generalizada que le daba un nuevo volumen a su físico.

Las autopsias realizadas en su cuerpo demostraron que sufrió agresiones brutales que le provocaron lesiones internas severas, que son las que acabaron costándole la vida.

La evidencia de que había sido torturado de una manera salvaje luego de ser arrestado no dio lugar a una reacción acorde por parte de la Justicia.

A la par, las partes querellantes (la familia del joven y el Comité de Prevención de la Tortura) iban descubriendo elementos que probaban cómo se intentó encubrir la violencia policial, incluyendo un informe falso de la oficina médica encargada de relevar la situación de las personas que son arrestadas por la fuerza provincial.

Ahora, la familia Ponce de León sospecha que la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del caso, intenta aliviar la situación de los policías involucrados .

De hecho, encuadró la causa como «homicidio preterintencional», una figura mucho más benévola que la que se planteaba en un principio, que era «tortura seguida de muerte bajo custodia policial».

«El fiscal le está haciendo precio a los policías acusados»

«El fiscal le está haciendo precio a los policías que mataron a mi hijo», dice Rubén Ponce de León, padre de Sebastián, el joven emprendedor gastronómico de cuya muerte -a raíz de lesiones gravísimas sufridas mientras estuvo detenido en Barranqueras- se cumplen hoy tres años. Ponce de León se refiere a Luciano Enrique Santos, el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos del Chaco.

«Cambió el encuadramiento del caso para beneficiar a los asesinos. De ‘tortura seguida de muerte bajo custodia policial’ lo bajó a ‘homicidio preteritencional’, que sería el caso de alguien que mata a una persona sin haberlo buscado».

«O sea que estos policías golpearon sin piedad y sin límites a mi hijo, lo torturaron del modo que lo hicieron, pero no tenían tan malas intenciones».

«El resultado es que si esto se mantiene, en vez de una posible condena de 25 años de prisión, a estos asesinos les pueden llegar a dar cinco u ocho años, que encima seguramente los pasarán en alguna comisaría, con permisos de todo tipo», marca el padre de la víctima.

ENCUBRIMIENTO

El interés de la familia es que no solo se dicte una condena ejemplar a quienes provocaron la muerte de Sebastián, sino también a quienes intentaron encubrir a los policías.

Uno de esos focos es la oficina de Medicina Legal (o»Sanidad Policial», como se la conoce más comúnmente), donde no se consignaron las terribles lesiones que exhibía el joven detenido.

Una audiencia clave pasó al 6 de abril

El 3 de diciembre pasado debería haberse realizado una audiencia en el Juzgado de Garantías 2 para dirimir la controversia suscitada por el encuadramiento que el fiscal Luciano Santos planteó en el caso de la muerte de Sebastián Ponce de León.

La investigación se encuadró al comienzo como «tortura seguida de muerte bajo custodia policial», que prevé una pena de hasta 25 años de prisión, pero ahora está caratulada como «homicidio preterintencional», que contempla condenas muy inferiores.

Ese cambio fue objetado por las partes querellantes (que representan a la familia Ponce de León y al Comité de Prevención de la Tortura), y ahora el Juzgado de Garantías 2 debe decidir cuál será el marco que quedará en el expediente. La audiencia de diciembre no se realizó, a pedido de los abogados defensores, y quedó agendada para el 6 de abril.

La provincia frente al riesgo de volver a tropezar con la misma piedra

La muerte de Sebastián Ponce de León a raíz de los tormentos sufridos mientras estuvo detenido por la Policía del Chaco podría llegar a exponer al Estado provincial a una condena similar a la que recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de lo ocurrido con Ángel Greco, un artesano que en 1990 falleció a raíz de haber sido quemado vivo en una comisaría de Puerto Vilelas.

Aquel caso fue cerrado por la justicia ateniéndose totalmente a la versión de la policía, que decía que Greco se había prendido fuego a sí mismo.

Los familiares del joven, cuando se cerraron todos los caminos para obtener justicia en el país, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que admitió el caso y comprobó que hubo una clara denegación del derecho a que la muerte de Greco fuese esclarecida.

A raíz de ello, el Estado provincial se vio obligado a disponer distintas medidas de reparación, como la reapertura de la investigación penal y la creación de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos.

Paradójicamente, es esa misma fiscalía la que ahora merece las acusaciones de la familia Ponce de León acerca de una aparente intención de contribuir a que los policías acusados reciban una condena menor.

De ocurrir eso, seguramente los familiares del joven muerto tres años atrás estarán en condiciones de llegar a la OEA y exponer allí la realidad judicial del Chaco.

Con información de Diario Norte