La Justicia confirmó la medida cautelar para la concreción de la terminal de ómnibus en Barranqueras
La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia, confirmó el fallo dictado por el juez Julián Flores.
A raíz de la disidencia suscitada entre los jueces integrantes de la Sala, la misma se integró con Gladys Esther Zamora, quien se adhirió al voto pronunciado por el juez Diego Derewicki, en el sentido de confirmar la decisión de la instancia anterior, en un precedente de avanzada doctrina, en relación a medidas anticautelares.
La intendente de Barranqueras, Magda Ayala, obtuvo el financiamiento nacional para llevar adelante el proyecto que culminará con la concreción de la terminal de ómnibus en la ciudad portuaria, y debió recurrir a la Justicia ante el accionar de una empresa de capitales privados que puso en peligro el mismo, pretendiendo obstaculizar la ejecución del proyecto.
Se trata de un obra anhelada por los vecinos de Barranqueras como también histórica, que permitirá a los ciudadanos y usuarios de los servicios de transporte, contar con una infraestructura adecuada y accesible en su ejido municipal, sin la necesidad que trasladarse hacia la ciudad de Resistencia o Corrientes, como así también para garantizar la seguridad y ordenamiento del tránsito, disminuyendo situaciones de peligro vehicular.
El fallo recalca el principio de la autonomía municipal, consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 5 y reforzado tras la reforma constitucional de 1994 en el artículo 123.
En la extensa resolución judicial, el juez Derewicki sostuvo que “…sí se puede advertir la intención de la accionada de obstaculizar la ejecución del convenio en cuestión, por lo que a fin de evitar un potencial abuso procesal, sopesando la envergadura económica y social del proyecto a realizarse en beneficio de toda una comunidad, y muy especialmente, el interés público comprometido en el mismo, me inclino -tal lo adelantado- a confirmar la decisión en crisis.- Con esta impronta, se pronunció el Máximo Tribunal local, en oportunidad de sentenciar en la causa «Ceshma», aludiendo a la doctrina anticautelar e inclinándose por una postura que impida el ejercicio excesivo de la potestad cautelar…”
Por su parte, la jueza Zamora consignó “…De manera que, tal como se pondera en el voto al que adhiero: la Municipalidad de Barranqueras, al suscribir el mencionado convenio, a primera vista ejerció sus facultades como un Estado municipal autónomo en los términos el arts. 5º y 123 de la Constitución Nacional.- Dado lo anterior, existe un interés tutelable en la petición de impedir, a través de la actuación jurisdiccional preventiva, la afectación del ejercicio de aquella autonomía a través de actos de la requerida que, a juzgar por las presentaciones efectuadas por el presidente de la Estación Terminal de Ómnibus Resistencia SA, son previsibles y pueden ocasionar un daño económico cierto…”.
