22 junio, 2024
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Ley Fernando: la oposición y el oficialismo buscan que los rugbiers tengan la “mano prohibida”

Ante el brutal caso de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes por una patota de rugbiers en Villa Gesell, los legisladores Daniel Lipovetzky y Leandro Santoro adelantaron que trabajan en un proyecto elaborado por la abogada Valeria Carreras, que integra el estudio de Fernando Burlando, para que se amplíe la normativa que ya rige sobre quienes practican artes marciales y boxeo.

La iniciativa es de Carreras quien tiene un hijo que también juega al rugby y fue propuesta al legislador porteño del Frente de Todos, Santoro, y al diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Lipovetzky, para que analizaran presentar el proyecto.

Además, la abogada sugirió que la nueva normativa fuera bautizada como “Ley Fernando”, en alusión al joven asesinado en la madrugada del sábado 18 de enero a la salida de la disco Le Brique, tras un ataque de varios jugadores de rugby que integran el equipo de Arsenal de Zárate.

Vale decir que la normativa vigente trata lo que popularmente se denomina como “mano prohibida” como el uso de la “fuerza desproporcionada” para quienes practican actividades físicas relacionadas con el judo o el boxeo.

La abogada dio algunas precisiones del proyecto a través de Twitter: la idea es que la norma se le aplique «al jugador de rugby mayor de 16 años, (que) corresponden a la categoría M16 en adelante (están todos registrados en la UAR y la URBA), con suspensión de fechas a jugar y ante la tercera ocasión en que recurre a la violencia, se procede a la quita de puntos al club».

Lipovetzky aclaró también en las redes sociales que “de ninguna manera” se trata de modificar el Código Penal: “Es legislación local. No sustituye a las responsabilidades penales generadas por la comisión de un delito sino es extender la responsabilidad también a lo deportivo, de clubes y jugadores”.

«Este concepto se trata de, ante una situación de violencia, el fiscal lo debe comunicar a la Asociación deportiva que corresponda, la cual iniciará su investigación y aplicará las sanciones que correspondan», sostuvo el diputado bonaerense macrista, quien agregó que «este mismo proyecto lo estamos trabajando con Santoro para aplicarlo en la Ciudad de Buenos Aires». Por su parte, Santoro destacó “Es un proyecto que parte de la sociedad civil. Se trata de involucrar a las federaciones y a los clubes en la prevención de este tipo de acontecimientos y en el caso de que suceda algún tipo de agresión o de lesión, que también intervenga en la sanción disciplinaria a aquellos deportistas que cometan esta agresión o acto delictivo afuera de la cancha”.

Santoro detalló que la idea es que en la Ciudad sea la policía la que dé aviso a las instituciones, mientras que en suelo bonaerense serían las fiscalías. El legislador hizo hincapié en la necesidad de que los clubes o las federaciones puedan modificar sus estatutos para que se incluya esta posibilidad de sancionar a quienes por ejemplo cometan bulling a otros y que se pueda abordar la problemática en talleres o charlas, a modo de prevención.

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