La interventora de la entidad, Clelia Ávila, afirmó haber entregado una tablet que funcionaba como herramienta de trabajo durante la gestión anterior, a la Justicia. La misma contendría información que «podría conducir a la ruta de los hechos delictivos», señaló desde Casa de Gobierno.
A partir de este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal dará inicio al proceso de revisión de la sentencia dictada contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en el caso relacionado con la obra pública en Santa Cruz, conocido como «Vialidad».
En una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, y acompañada por los asesores Godofredo Pérez Dudiuk y Alejandro Varela, Ávila afirmó haber aportado nuevas pruebas a la causa judicial que investiga hechos de corrupción en el organismo durante la gestión anterior, y donde el principal apuntado por el nuevo Gobierno es el ex titular, Mauro Andión.
«Estamos encontrándonos con diferentes irregularidades y cada uno deberá responder ante la Justicia. Para mi sorpresa, me encontré con datos que podrían conducir a la ruta de los hechos delictivos», dijo Ávila al anunciar que el dispositivo, que funcionaba como herramienta de trabajo, fue entregado el pasado 20 de febrero a la justicia para el correspondiente análisis y resguardo a modo de prueba.
El asesor, Pérez Dudiuk, explicó que otras de las pruebas entregadas es una agenda. «Hay datos que podrían tener relación con causas que ya se encuentran abiertas e inclusive con algunas personas que ya están detenidas», señaló.
Por otra parte, manifestó que en la misma había información con nombres, fechas, montos de dinero y el detalle de tareas que debían realizar. «La Justicia deberá determinar si son pagos o funciones legítimas», afirmó.
Según Dudiuk, estos hallazgos podrían responder «a una matriz de corrupción sistémica» . «Afecta a todos los estratos sociales y es lo que está interesado el Gobierno del Chaco en investigar y llevar a la Justicia», resaltó.
Por último, el asesor Varela consideró que en base a los datos actuales suponen la existencia, mínimamente, del delito por incumplimiento a la función pública.
«Es la Justicia quien dirá cuál será la figura que se pueda adecuar a las denuncias que presentamos y que se irán presentado, porque esto recién comienza», finalizó.
