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Le dijo «cornudo» y «pito corto» a su exnovio y ahora deberá pagarle $30 millones

La Justicia civil de La Rioja en un fallo sin precedentes ordenó a una mujer pagar 30 millones de pesos luego de haber agravado y difamado por redes sociales a su expareja durante seis años, con insultos como «cornudo» y «pito corto». Sumado a esto, la mujer además deberá publicar la sentencia en las mismas redes sociales y medios que utilizó para escrachar a su entonces pareja, un agente de la Policía provincial.

«No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia», señaló el abogado de la víctima, Pablo Arrieta.

Seis años de escraches e insultos en redes sociales

La cuestión comenzó con la separación de la pareja en 2019. De acuerdo con el expediente judicial, la mujer se manejaba desde cuentas personales y perfiles falsos, no obstante el tribunal pudo comprobar que el contenido de esas cuentas era una réplica idéntica al de su perfil personal, utilizando el mismo lenguaje, acusaciones y detalles privados de los cuáles solo ella tenía conocimiento.

A través de todas esas cuentas, la mujer difundió insultos, expresiones discriminatorias y hasta una acusación falsa sobre una enfermedad de transmisión sexual, denuncias que la Justicia comprobó buscaban dañar la reputación de su expareja tanto a nivel personal como profesional. Entre los insultos más utilizados se repetían «cornudo», «pito corto» y «coimero».

«Se buscó dañar su imagen en todos los ámbitos, tanto el social como el laboral», expresó el abogado Arrieta. Incluso, al Policía «se le abrió un sumario administrativo y se bloquearon sus posibilidades de ascenso» siguiendo las declaraciones del letrado para ilustrar las consecuencias de estas expresiones en la carrera de su cliente.

La sentencia estableció una indemnización inicial de $4 millones, pero con los intereses acumulados a lo largo de los seis años que duró el proceso judicial, el monto total trepa a cerca de $30 millones. En caso de incumplimiento, la Justicia habilitó la vía de un juicio ejecutivo, lo que permitiría avanzar con el embargo de bienes y activos de la persona condenada.

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