Con la firma de m\u00e1s de 800 personas privadas de la libertad del Chaco, el Comit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n de la Tortura y la Defensor\u00eda General de la Provincia presentaron este lunes ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho a la comunicaci\u00f3n de los detenidos en c\u00e1rceles y comisar\u00edas de la provincia. Tambi\u00e9n, y de manera subsidiaria, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la normativa aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial.<\/p>\n\n\n\n
Esta presentaci\u00f3n ante el STJ se dio en respuesta a la sanci\u00f3n de la ley provincial N\u00ba 3794-J que limita el uso de telefon\u00eda celular e internet en los establecimientos penitenciarios. Entre sus art\u00edculos, la misma establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deber\u00e1 \u201cadquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la se\u00f1al de telefon\u00eda celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios\u201d. A modo de paliativo, se ordena en simult\u00e1neo la instalaci\u00f3n de tel\u00e9fonos p\u00fablicos fijos al\u00e1mbricos dentro de la unidad. <\/p>\n\n\n\n
En el escrito, firmado por el presidente del Comit\u00e9, Kevin Nielsen, y la Defensora General Adjunta, Gisela Ga\u00fana Wirz, se se\u00f1ala que \u201cde aplicarse esta ley provocar\u00e1 un agravamiento en las condiciones de detenci\u00f3n, ya que con la misma se pretende restringir el uso de celulares e internet que vienen usufructuando las personas privadas de su libertad a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 676\/22, del Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del cual se estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de uso y tenencia de celulares, contemplando los modos de ingreso, habilitaci\u00f3n y tenencia, as\u00ed como los usos prohibidos y permitidos.\u201d<\/p>\n\n\n\n
En caso de que no sea posible aplicar la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus en este caso, se solicit\u00f3 de manera subsidiaria que la normativa sea declarada inconstitucional por ser \u201cirrazonable\u201d y afectar \u201cdesproporcionadamente\u201d los derechos a la \u201ccomunicaci\u00f3n, la educaci\u00f3n, a mantener v\u00ednculos familiares y a la resocializaci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, se dej\u00f3 en claro que esta ley viola el principio de no regresividad en la protecci\u00f3n y garant\u00eda de derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n
Entre los fundamentos de esta presentaci\u00f3n mencionaron que \u201cresulta necesario destacar que el uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a la prevenci\u00f3n de casos de torturas o malos tratos, as\u00ed como tambi\u00e9n el acceso a justicia, posibilitando el contacto de las personas privadas de su libertad con los mecanismos de protecci\u00f3n de derechos humanos y sus abogadas o abogados defensores\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se llev\u00f3 adelante una campa\u00f1a de concientizaci\u00f3n para el uso responsable de los tel\u00e9fonos por parte de integrantes del Comit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n de la Tortura, Secretar\u00eda de Derechos Humanos y Ministerio P\u00fablico de la Defensa.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adieron que se culmin\u00f3 con \u201ca\u00f1os de clandestinidad en la que los tel\u00e9fonos celulares eran introducidos y utilizados ilegalmente, sin posibilidad de ejercer un adecuado control por parte del Estado\u201d. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto repercuti\u00f3 positivamente en la disminuci\u00f3n de la conflictividad en los contextos de encierro, limitando tambi\u00e9n la trascendencia de los efectos nocivos que tiene el encarcelamiento a los familiares de las personas detenidas, especialmente ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que pueden estar en contacto con sus padres y madres gracias al uso de la telefon\u00eda m\u00f3vil, contribuido a llevar tranquilidad a las familias\u201d, afirmaron. <\/p>\n\n\n\n
Desde el Comit\u00e9 sostienen que se ha facilitado el acceso a la justicia ante \u201cvulneraciones de derechos, posibilitando que las personas encarceladas tengan contacto con sus abogados\/as defensores\/as y con las instituciones de Derechos Humanos, dando aviso, por ejemplo, ante emergencias u omisiones en materia de salud que posibilitaron la inmediata intervenci\u00f3n de los organismos enunciados\u201d, indicaron. <\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, se cuestion\u00f3 la aplicaci\u00f3n de inhibidores de se\u00f1al los cuales, en definitiva, tambi\u00e9n afectar\u00edan la conexi\u00f3n a internet de los tel\u00e9fonos del personal penitenciario, lo que provocar\u00eda un enorme escollo en el normal flujo de comunicaci\u00f3n interna. <\/p>\n\n\n\n
En definitiva, para el Comit\u00e9 y la Defensor\u00eda el hecho de restringir a\u00fan m\u00e1s el uso de los tel\u00e9fonos celulares y el acceso a internet, cuando dichas restricciones ya existen y est\u00e1n reguladas, \u201cno es una soluci\u00f3n viable, factible ni deseable, m\u00e1xime cuando la iniciativa se encuentra motivada en casos de usos ilegales de tel\u00e9fonos celulares ocurridos en otras provincias en las que -precisamente- no se han habilitado el uso de celulares. Es decir, casos mediatizados de hechos que han sido cometidos con tel\u00e9fonos clandestinos en otras jurisdicciones\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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