La crisis política e institucional en Paraguay alcanzó un nuevo punto de máxima tensión tras la negativa del Congreso Nacional a concederle a Santiago Peña una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. El mandatario había remitido una nota formal solicitando más tiempo para articular sus argumentos frente al plenario del Senado, constituido como tribunal juzgador, pero las autoridades legislativas desestimaron la solicitud y ratificaron el cronograma fijado para avanzar de inmediato con las audiencias del juicio político.
El intento del jefe de Estado por aplazar la comparecencia se produjo pocas horas después de haber presentado formalmente su renuncia al cargo a través de un mensaje grabado, una dimisión que quedó virtualmente congelada y rechazada por la Cámara Alta. Tanto la oposición como una facción determinante del gobernante Partido Colorado coincidieron en mantener abierto el proceso acusatorio en lugar de aceptar la salida voluntaria, con el objetivo de evitar que el mandatario acceda a fueros extraordinarios de inmunidad como senador honorario y garantizar su destitución por la vía parlamentaria.
El detonante de este terremoto político radica en el colapso y la posterior resolución judicial y administrativa de Ueno Bank, la entidad financiera que concentraba la mayor cantidad de clientes del país. La intervención decidida por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras detectar un desplome en su índice de solvencia por debajo del mínimo reglamentario, dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas y paralizó de manera abrupta tarjetas, transferencias y canales de cobro, desatando una severa ola de pánico financiero en la población.