Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027 y enfrentar a Javier Milei, aunque supeditó cualquier postulación a que se revierta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. «Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?», respondió en una entrevista con The Washington Post.
El reportaje, realizado por la periodista Marina Dias y publicado este lunes 2 de noviembre, tuvo lugar en el departamento del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Allí también cuestionó la gestión de Milei, reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota de 2023 y anticipó un resultado adverso para Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses.
Sus declaraciones dejaron expresamente abierta la alternativa de regresar a la competencia presidencial, pero no constituyeron un anuncio de candidatura ni estuvieron acompañadas por la presentación de un armado electoral. El peronismo todavía no definió quién encabezará una fórmula para disputar el Gobierno en 2027.
La expresidenta continúa al frente del Partido Justicialista y mantiene influencia en un sector de la oposición. Sin embargo, su condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua le impide postularse a cargos públicos. Una eventual candidatura dependería, por lo tanto, de un cambio previo en su situación judicial.
• El reclamo internacional para recuperar sus derechos políticos
La posibilidad de volver a competir está vinculada con la estrategia que impulsa junto con su abogado brasileño Rafael Valim. La defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine si se respetaron sus garantías durante el proceso judicial.
Kirchner sostiene que se vulneró su derecho de defensa y que fue responsabilizada por decisiones de otros funcionarios. Valim explicó al diario estadounidense que la prioridad de la presentación es recuperar los derechos políticos de su defendida y dejar sin efecto la prohibición de ejercer cargos públicos.
El alcance de esa instancia tiene límites: el comité puede pronunciarse sobre vulneraciones de derechos y sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, pero no tiene facultades para anular por sí mismo una sentencia nacional. Un eventual pronunciamiento favorable debería ser planteado ante la Justicia argentina.
Valim consideró que la tradición del país en materia de derechos humanos podría favorecer el cumplimiento de una decisión internacional. También advirtió que una negativa podría desencadenar movilizaciones en respaldo de la expresidenta.
El reportaje incluyó, además, la opinión de Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
La especialista destacó el compromiso histórico argentino con el multilateralismo y el derecho internacional. Señaló que gobiernos de derecha como el de Milei suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia, aunque evaluó que una resolución favorable a Kirchner podría tener consecuencias políticas relevantes.
«Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada”, afirmó. «Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno», agregó.