La Justicia Federal desarticuló una presunta organización dedicada al reclutamiento de argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. A pedido de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, el Juzgado Federal N°2 ordenó el allanamiento y la detención de una mujer acusada de integrar la red. Durante el operativo, realizado en Tigre por la Policía Federal Argentina (PFA), no fue hallada Su pareja, el fisicoculturista Jorge Agote, alias «Trembo», también investigado, quien había viajado a Brasil y permanece prófugo.
La investigación sostiene que la organización captaba civiles, entre ellos exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad, mediante publicaciones en redes sociales que ofrecían incorporarse al ejército ucraniano por salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales. Según la pesquisa, las verdaderas condiciones eran ocultadas y los interesados recibían contratos en idioma ucraniano que simulaban tareas civiles.
Además, los reclutadores les indicaban que mintieran ante las autoridades migratorias y aseguraran que viajarían para trabajar en el rubro de la construcción. La mujer detenida será indagada por el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas, mientras continúa el análisis de la documentación secuestrada.
La causa comenzó en marzo, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que iban a viajar desde Ezeiza hacia Ucrania. Ninguno sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni cuáles serían sus tareas, y tampoco contaban con pasajes de regreso ni fondos suficientes para su estadía.
Con tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y seguimientos, los investigadores establecieron que los cuatro habían sido captados mediante plataformas digitales con la promesa de combatir en el conflicto armado por una remuneración cercana a los 3.000 dólares. Así lograron identificar a los presuntos integrantes de la organización.
Los fiscales advirtieron que se trataba de una estructura transnacional que seleccionaba perfiles específicos, organizaba los traslados y generaba deudas vinculadas al viaje y al equipamiento, un mecanismo que podría configurar explotación laboral y servidumbre por deudas.
En julio de 2026, INTERPOL emitió una notificación morada tras detectar en Colombia una modalidad similar. Según el organismo, las víctimas eran captadas con falsas ofertas laborales, instruidas para engañar a los controles migratorios y, una vez en destino, sometidas a retención de documentos, amenazas y deudas ficticias para obligarlas a participar en acciones de combate.