Durante la 9ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Nº 4250-J, impulsada por la diputada provincial Magda Ayala, que incorpora nuevas herramientas para prevenir y sancionar distintas formas de violencia digital, además de establecer regulaciones sobre contenidos digitales manipulados o generados mediante inteligencia artificial.
La norma incorpora al Código de Faltas un régimen específico para sancionar la creación y difusión, sin consentimiento, de imágenes, videos o audios alterados, el uso de identidades digitales falsas con fines de hostigamiento y otras conductas que vulneren la dignidad, la intimidad y la identidad de las personas.
Asimismo, modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de ciberdelitos. Entre las principales medidas, prevé la preservación de evidencia digital, la implementación de nuevas medidas cautelares, la posibilidad de realizar denuncias por medios electrónicos y la capacitación de operadores judiciales especializados en este tipo de delitos.
Ayala explicó que el proyecto fue elaborado durante varios meses y posteriormente unificado con una iniciativa del diputado Gyoker, al considerar que ambos perseguían el mismo objetivo: brindar mayor protección frente a las nuevas formas de violencia en el ámbito digital.
La legisladora remarcó que la ley fue diseñada respetando las competencias provinciales y garantizando el equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos constitucionales. Además, destacó que la normativa contempla excepciones para resguardar la actividad periodística, académica, científica y artística, dejando expresamente establecido que no podrá interpretarse como un mecanismo de censura previa.
Finalmente, Ayala agradeció el trabajo realizado por los equipos técnicos que participaron en la elaboración del proyecto y valoró el consenso alcanzado durante el debate legislativo, que permitió enriquecer la iniciativa antes de su aprobación.
Con la sanción de la Ley Nº 4250-J, la provincia suma un nuevo marco normativo para abordar la violencia digital y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas.