Alberto Montes, concejal de San Isidro, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se conociera un video en el que toca a una compañera de trabajo sin su consentimiento. Aunque alcanzó un acuerdo económico con la denunciante, la causa penal continúa y podría llegar a juicio oral en octubre.
Se trata de un concejal de La Libertad Avanza, quien acordó el pago de una indemnización de 12 millones de pesos a una excompañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual, tras un episodio ocurrido en noviembre de 2023 y registrado por cámaras de seguridad.
Las imágenes muestran al entonces inspector de tránsito municipal ingresando a una oficina de la dependencia y tocando la cola de una trabajadora que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato con un golpe de puño, mientras la secuencia quedó grabada por las cámaras del lugar.
El hecho ocurrió pocas semanas antes de que Montes asumiera como concejal, luego de haber sido electo por la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. A partir de la denuncia se iniciaron causas tanto en el fuero civil como en el penal.
En el ámbito civil, las partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el edil se comprometió a abonar una compensación de 12 millones de pesos en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el acusado se habría retrasado en algunos pagos, situación que motivó una intimación judicial.
La causa penal sigue en marcha
Más allá del acuerdo económico, la investigación penal continúa su curso. La causa está caratulada como abuso sexual y ya tuvo un pedido de sobreseimiento rechazado por la Justicia.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el acuerdo firmado con la denunciante no implica el cierre del proceso penal, por lo que el caso podría ser debatido en un juicio oral previsto para octubre.
Presión política y pedido de destitución
La situación también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Desde la oposición impulsan la remoción del concejal y cuestionan la falta de avances en ese sentido dentro del Concejo Deliberante.
La concejal peronista Estefanía Rivadulla sostuvo que las instituciones no pueden permanecer indiferentes ante una denuncia de estas características y advirtió sobre el riesgo de que la política se convierta en un espacio de impunidad. No obstante, el bloque opositor no cuenta actualmente con los votos necesarios para impulsar una destitución, ya que el oficialismo y sus aliados mantienen la mayoría del cuerpo legislativo.
La defensa de Montes
Consultado sobre el caso por TN, Montes minimizó el episodio y aseguró que se trató de «un chiste» que derivó en una denuncia en medio de la campaña electoral. Además, sostuvo que existió un pedido de disculpas mutuo y afirmó que el acuerdo alcanzado con la denunciante fue aceptado por las partes y se encuentra a la espera de homologación judicial.
Mientras tanto, el expediente penal continúa avanzando y el concejal deberá enfrentar los próximos pasos de una causa que mantiene fuerte repercusión política y social en San Isidro.