La Justicia respaldó la vigencia plena de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida buena parte de la Ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 28 de febrero. La decisión cierra, por ahora, una pelea judicial que se extendió durante más de dos meses y permite al Ejecutivo seguir aplicando la norma sin obstáculos.
El fallo se conoció pocas horas después de que la Corte Suprema rechazara el recurso por salto de instancia que había presentado el Gobierno para que el máximo tribunal definiera la cuestión de manera directa. El jueves, los supremos declararon inadmisible el per saltum al considerar que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, y ordenaron archivar las actuaciones. Esa resolución representó un primer revés para la estrategia de la Procuración del Tesoro, aunque la sentencia posterior de Marra Giménez compensó ese resultado.
La causa había llegado al fuero Contencioso Administrativo tras un conflicto de competencia inédito entre dos jurisdicciones. El planteo original de la CGT, que cuestiona la constitucionalidad de la ley, había recaído en marzo en el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 a cargo de Héctor Ojeda, quien suspendió 83 artículos de la reforma. Desde el primer momento, el Gobierno reclamó que la discusión correspondía al Contencioso Administrativo por tratarse de una demanda contra el Estado, mientras la central obrera defendía la intervención del fuero laboral.
A fines de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Víctor Pesino y María Dora González, levantó la suspensión que había dictado Ojeda y repuso la vigencia de la norma. La CGT recusó luego a esos camaristas por presunto prejuzgamiento y anticipó que continuará la pelea ante la Corte Suprema y los organismos internacionales. En paralelo, el traspaso de la causa al fuero pretendido por el Ejecutivo terminó de delinear el escenario actual.
Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la sentencia y la presentó como una victoria para los trabajadores y para los empleadores. El cuestionamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma todavía no fue resuelto y se prevé que el trámite se extienda durante varios meses. Mientras tanto, la Ley 27.802 conserva plena vigencia y el Gobierno avanza con su aplicación en todo el territorio nacional.