El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar el sistema y mejorar su capacidad de respuesta.
La iniciativa propone cambios en los criterios de intervención, incorporando la noción de “riesgo de daño” para habilitar acciones más rápidas y preventivas.
Entre los puntos clave, se plantea adoptar clasificaciones internacionales para precisar diagnósticos, permitir internaciones involuntarias indicadas por psiquiatras (con control interdisciplinario y judicial) y extender los plazos de notificación a la Justicia. Además, se prevé fortalecer la red de atención con la incorporación de hospitales especializados.
El proyecto también busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en los organismos de control y surge de un relevamiento que detectó dificultades en la aplicación de la ley actual, como la baja adhesión de provincias y la limitada infraestructura en salud mental.
