La eliminación del mal llamado “impuesto al lujo” marca un punto de inflexión para el mercado automotor argentino. Tras más de una década de vigencia, el tributo que encarecía significativamente a los vehículos de mayor precio quedó sin efecto luego de su derogación aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, lo que abre un nuevo escenario para fabricantes, importadores y consumidores.
El tributo interno a los autos de «alta gama» había sido implementado en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de desalentar la importación de vehículos y fortalecer la recaudación fiscal. En la práctica, establecía escalas que podían elevar el precio final hasta un 20 o 35 por ciento, dependiendo del valor del vehículo.
Con el correr de los años y en un contexto de alta inflación, la actualización de las bases imponibles no siempre acompañó la evolución de precios, lo que terminó afectando no sólo a modelos premium, sino también a versiones tope de gama de marcas generalistas. Muchas automotrices optaron por disminuir equipamiento o fijar precios estratégicamente para no superar el umbral que activaba el tributo.
Con la derogación y a la espera de su formalización administrativa a través del Boletín Oficial de la República Argentina, las terminales comenzaron a recalcular sus listas. El impacto es inmediato en varios frentes: baja directa en los precios de modelos alcanzados por la segunda escala; reconfiguración de gamas, con el regreso de versiones que habían sido discontinuadas; mayor competitividad para vehículos importados, especialmente SUV medianos y grandes, sedanes y pick-ups full size; y rordenamiento del posicionamiento de marca, sobre todo en el segmento premium.
En algunos casos, la reducción puede superar el 20 por ciento respecto a los valores vigentes hasta febrero, dependiendo del modelo y del nivel de incidencia que tenía el impuesto en su estructura de costos.