La Inspección General de Justicia intensificó el control sobre los estados contables de la Asociación del Fútbol Argentino y exigió explicaciones detalladas sobre partidas millonarias no justificadas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) profundizó la revisión de los balances financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en estrecha fiscalización de sus estados contables, y volvió a exigir explicaciones concretas acerca del destino de más de US$ 450 millones que figuran en los registros de la entidad y de la Superliga entre los años 2017 y 2024.
El reclamo estatal se dio en paralelo a una controversia institucional entre el organismo y la dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, quienes habían intentado recusar al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, ante la desconfianza sobre el control de los balances. La recusación fue desestimada formalmente, lo que permitió que el organismo de control mantenga su curso de auditoría.
La IGJ había solicitado inicialmente en diciembre último un desglose de los movimientos contables y contratos vinculados a esa cifra, pero consideró que la información presentada por la entidad no cumplía con los requisitos de desagregación y detalle, por lo que volvió a intimar para que se amplíe con documentación completa sobre partidas, pasivos, inversiones, deudas y destinos de esos fondos.
Entre los rubros que suscitan mayores dudas se encuentran US$ 111 millones asociados directamente a la propia AFA y US$ 348 millones ligados a la Superliga, cuya composición y destino no fueron aclarados en los informes remitidos hasta ahora. La IGJ también reclamó explicaciones sobre contratos internacionales, incluidos movimientos vinculados a la firma TourProdenter LLC, y las cuentas bancarias donde se acreditaron fondos recaudados internacionalmente.
Además, inspectores oficiales confirmaron irregularidades relacionadas con el domicilio legal declarado por la AFA en Pilar, que según el organismo estatal figura como dirección de su nueva sede pero carece de instalaciones físicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el traslado de causas y jurisdicciones judiciales.
Ante este escenario, la IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la AFA presente la documentación solicitada con respaldo contable y explicativo, y advirtió que, de persistir omisiones, podría dictar nuevas intimaciones y sanciones administrativas.