El diputado Samuel Vargas trabaja en un proyecto de ley para crear un organismo de defensa para las víctimas de falsas denuncias. «Las falsas denuncias no distinguen género y generan consecuencias devastadoras. En Argentina, este fenómeno viene creciendo de manera alarmante y, en muchos casos, se utiliza como herramienta política, de extorsión, presión económica, venganza sentimental o disputa por los hijos», expresó el legislador.
En ese marco, Vargas avanza en un proyecto de ley para crear un organismo que sea el espacio institucional donde puedan acudir las víctimas de falsas denuncias, con el objetivo de asesorar y contener a quienes se ven violentados en su buen nombre y honor. Es decir, un organismo que acompañe, escuche y defienda a quienes resultan víctimas de este tipo de acusaciones, ya sea por redes sociales o en un acto jurídico.
Durante una reciente reunión, Vargas recibió a Lucía Palacio, Delia Alarcón y Ángel Cabral, quienes aportaron un anteproyecto para la construcción de esta iniciativa legislativa que buscará convertirse en ley. El legislador afirmó: «Ser víctima de una denuncia falsa constituye un hecho de extrema gravedad: puede provocar detenciones injustas, pérdida de vínculos familiares, daño psicológico, estigmatización social, pérdida laboral y la destrucción de proyectos de vida».
Actualmente, el artículo 245 del Código Penal prevé penas de dos meses a un año de prisión o multa para quien denuncie falsamente un delito. Sin embargo, las propuestas de reforma impulsadas a nivel nacional por el ministro Cúneo Libarona contemplan penas más severas, especialmente cuando las acusaciones falsas involucran violencia de género o delitos sexuales, pudiendo alcanzar penas de hasta 10 años de prisión y sanciones económicas ejemplares.
Frente a esta realidad surge un interrogante profundo: si una persona que sufre violencia real puede acudir a la Policía o a la Justicia, «¿dónde encuentra amparo quien es víctima de una denuncia falsa?».
«Quienes atraviesan estas situaciones suelen recibir primero una condena social inmediata. Son señalados, aislados y calumniados. Incluso cuando la falsedad se demuestra, el daño rara vez se repara, dejando una carga moral y social que marca de por vida», señaló Vargas. En muchos casos, los denunciantes continúan sin sanción, profundizando la sensación de injusticia.
Desde el espacio legislativo que impulsa Vargas se busca que toda persona afectada por una falsa denuncia tenga un lugar donde ser escuchada, contenida y defendida, entendiendo que estos conflictos ocurren muchas veces dentro de las propias familias, sin distinción de género ni ideología, y atravesados por factores económicos, sentimentales o disputas por la tenencia de los hijos.
Asimismo, Vargas recordó que en la provincia del Chaco, algunos casos expusieron con crudeza esta problemática. «Uno de ellos fue el de Enzo Pitau, padre y jugador de fútbol que, tras atravesar denuncias falsas, nunca logró recomponer el vínculo con su hija y falleció sin haber obtenido justicia, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los niños cuando el sistema no garantiza su derecho a ser oídos», relató.
Por último, Vargas fue enfático al señalar que «las falsas denuncias destruyen vidas, generan sufrimiento diario, toman a los niños como rehenes, dividen empresas y desintegran familias».