En el marco de la profunda auditoría que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional confirmó el hallazgo de una irregularidad sistémica: 178.000 beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos. La detección de estos certificados activos a nombre de personas muertas representa un nuevo capítulo en la purga del organismo tras la salida de su anterior titular.
El cruce de datos que expuso la maniobra
La detección de la anomalía fue posible gracias a un cotejo de información entre las bases de la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Según fuentes del Ejecutivo consultadas por LA NACION, la cifra final se conoció en las últimas horas y la orden es inmediata: dar de baja la totalidad de esos certificados para frenar cualquier erogación de recursos públicos vinculada a ellos.
Acciones legales contra prestadores y particulares
El Gobierno no se limitará a la baja administrativa. El Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, ya evalúa una estrategia legal para recuperar fondos y castigar a los responsables. Los ejes de la investigación judicial serán:
- Cobros indebidos: acciones contra quienes hayan usufructuado los beneficios del CUD (transporte, asignaciones, exenciones) a nombre de fallecidos.
- La ruta de los prestadores: se investigará a los centros y profesionales que facturaron servicios por atención a pacientes que ya habían muerto.
- Investigación interna: una auditoría de la SIGEN busca determinar si hubo connivencia de funcionarios para mantener estos certificados activos.
«Es una estafa al Estado lisa y llana», confiaron fuentes oficiales, calificando el desvío de fondos como una maniobra de defraudación masiva.