El Gobierno provincial promulgó este miércoles la ley que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para todas las personas que ocupen cargos políticos o jerárquicos en los tres Poderes del Estado. La medida apunta a garantizar que los funcionarios no consuman sustancias psicoactivas ilegales mientras ejercen sus funciones.
Los estudios deberán efectuarse en el Laboratorio Central de la Provincia o en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial, y cada funcionario deberá afrontar el costo del análisis.
A quiénes alcanza
La normativa abarca a cargos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos constitucionales y municipios. Entre ellos:
Poder Ejecutivo: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, funcionarios de entes autárquicos y descentralizados, vocales e integrantes de directorios.
Poder Legislativo: presidente de la Cámara y legisladores provinciales.
Poder Judicial: ministros del STJ, procurador general, defensor general, jueces, fiscales, defensores y asesores de niñas, niños y adolescentes de todas las circunscripciones.
Organismos constitucionales: Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
Municipios: intendentes y concejales.
El primer examen deberá realizarse dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, y luego se repetirá cada un año.
Qué ocurre si un funcionario da positivo
Si un estudio detecta metabolitos de sustancias psicoactivas ilegales, cada organismo deberá activar los mecanismos internos para definir si corresponde aplicar una suspensión, licencia o separación temporal, hasta la recuperación del funcionario. Todo el proceso debe respetar la Constitución Provincial, la legislación vigente y las garantías individuales.
Dónde se realizarán y quién paga los estudios
Los análisis se harán únicamente en dos organismos oficiales:
Laboratorio Central de la Provincia
Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial
El costo del examen será abonado por cada funcionario y se garantiza el derecho a impugnar los resultados mediante los procedimientos previstos en la normativa procesal.
Implementación
La máxima autoridad de cada Poder u organismo será responsable de poner en marcha el sistema y dictar las disposiciones necesarias para su cumplimiento. Además, la ley invita a todos los municipios del Chaco a adherirse formalmente al régimen de controles toxicológicos.