Australia aprobó una ley que prohíbe a los menores de 16 años crear y usar cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. La norma, que comenzará a aplicarse plenamente dentro de aproximadamente un año, obliga a las empresas tecnológicas a tomar «medidas razonables» para impedir el acceso de menores.
En caso de incumplimiento, las compañías pueden recibir multas de hasta 50 millones de dólares australianos. «Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin», sostuvo el primer ministro Anthony Albanese, quien aseguró que el objetivo es que «los padres y las familias australianas sepan que el Gobierno los respalda».
El gobierno justifica la prohibición en los posibles efectos de las plataformas sobre la salud mental de niños y adolescentes. Señala que el uso intensivo de estas aplicaciones se vincula con mayor exposición al ciberacoso, desafíos virales peligrosos y contenidos que refuerzan estándares de belleza poco realistas, lo que afecta la imagen corporal y la autoestima.
Estudios citados por las autoridades indican que una parte importante de los jóvenes entre 13 y 17 años usa redes sociales de manera casi constante, pese a que muchas exigen un mínimo de 13 años para registrarse.
Organismos como Healthy Children advierten que el uso excesivo se asocia con más ansiedad y síntomas depresivos, y recomiendan que los adultos mantengan una comunicación abierta, fijen límites claros y promuevan actividades fuera de las pantallas.
La ley convierte a Australia en el primer país que aplica una prohibición nacional de este alcance y traslada de manera explícita la responsabilidad legal a las plataformas, que deberán mejorar los sistemas de verificación de edad. La medida recibió apoyo de sectores de padres y organizaciones preocupadas por la seguridad en línea, pero también abrió un debate sobre cómo se implementarán esos controles y hasta dónde es adecuado restringir el acceso de los adolescentes a espacios digitales donde hoy socializan, exploran su identidad y participan de comunidades.
En paralelo, otros países siguen con atención el caso australiano mientras revisan sus propias políticas sobre tecnología y educación: Suecia, por ejemplo, ya redujo el uso de dispositivos en las aulas para priorizar el trabajo con lápiz y papel, bajo la idea de que entornos con menos pantallas favorecen la concentración y el aprendizaje.
En este contexto, la discusión sobre cómo regular las plataformas y proteger a los menores se vuelve un eje central de la agenda digital global.