Mendoza propone multas millonarias a familias por bullying escolar
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código de Contravenciones para sancionar a los padres, madres y tutores de niños y adolescentes que cometan bullying escolar. La iniciativa establece multas de hasta $2.100.000 y un máximo de 50 días de trabajo comunitario para los adultos que no intervengan ni acompañen la corrección de conductas violentas de sus hijos.
La medida, anunciada por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, se da en un contexto de creciente violencia en las escuelas mendocinas, como el caso ocurrido en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó al aire y se atrincheró durante varias horas.
Junto con el proyecto, el Gobierno presentó un nuevo Protocolo de Actuación para instituciones educativas. Este documento detalla los pasos que deben seguir directivos, docentes y equipos técnicos ante sospechas o denuncias de acoso escolar: identificación temprana de casos, registro de hechos, comunicación inmediata con las familias, elaboración de un plan de acción, seguimiento y cierre formal de cada situación.
El protocolo también define criterios para evaluar la gravedad de cada caso y establece mecanismos para derivar a los estudiantes involucrados a equipos especializados, organismos de protección de la infancia y la Justicia provincial, según corresponda. Además, contempla talleres de mediación y parentalidad obligatorios para los adultos responsables, con el objetivo de desactivar patrones de agresión y prevenir reincidencias.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso necesitamos familias presentes y corresponsables”, señaló García Zalazar.
El proyecto se estructura en tres niveles: prevención, intervención inmediata y posvención. Busca fomentar una cultura escolar basada en la convivencia pacífica, proteger a las víctimas con una respuesta rápida y trabajar con los agresores desde la reparación y el aprendizaje, evitando la estigmatización.
La iniciativa llega después de varios episodios graves en Mendoza, como el de la adolescente que se atrincheró con un arma y otro caso en Guaymallén, donde una estudiante llevó una réplica de arma a la escuela. Además, en junio, la justicia provincial condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza a pagar una indemnización de $4,5 millones a los padres de una niña víctima de bullying, sentando un precedente sobre la responsabilidad estatal en la protección frente al acoso escolar.
