Los abogados de Spagnuolo renunciaron a su defensa en la causa por las presuntas coimas en Discapacidad
Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron este viernes a su defensa, al tiempo que la Justicia ordenó allanamientos en las propiedades del exfuncionario, y halló U$S 80 mil sin declarar.
Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia. «Por medio del presente, manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido», indicaron en la nota.
En paralelo, el fiscal del caso, Franco Picardi, realizó este viernes allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo. Además, en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco, se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.
PEDIDOS DE NULIDAD E IMPUTACIONES
Por otro lado, Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente.
Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello.
Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no acompañaron el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.
El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por «oscurantismo» y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideran que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.
No obstante, actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa —Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería— recibió una imputación formal.
El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.
