La fiscal Gabriela Baigún presentó sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal N°6 en el tramo final del proceso. La acusación busca penas de 15 años para Sabag Montiel y Uliarte por homicidio agravado en grado de tentativa. Para Nicolás Carrizo, señalado como jefe de la venta de copos, se solicitó la absolución por falta de pruebas.
El juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner continúa este miércoles con los alegatos de la fiscalía. La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°6 y tiene en el banquillo a Fernando Sabag Montiel,BrendaUliarte y NicolásCarrizo, conocidos como «la banda de los copitos».
La semana pasada, la querella que representa a la expresidenta había solicitado que Sabag Montiel y Uliarte reciban penas de 15 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa. En el mismo escrito pidieron la absolución de Carrizo, responsable de la organización de la venta de copos de azúcar, a quien se le atribuye un rol periférico en la causa.
Durante las audiencias previas, los abogados de la víctima sostuvieron que existió coautoría entre Sabag Montiel y Uliarte. Argumentaron que hay registros fílmicos, peritajes químicos y testimonios que acreditan que el arma gatillada por Sabag Montiel estaba en condiciones de uso. También remarcaron que Uliarte había mostrado armas similares con anterioridad y que en conversaciones con allegados habló de un plan contra la expresidenta.
En cuanto a los agravantes, la querella señaló tres elementos: violencia de género, uso de un arma apta para disparar y la participación conjunta de ambos acusados. Según este planteo, el ataque no solo se dirigió contra una figura política, sino también contra una mujer, lo que agrava la calificación.
Por el lado de Carrizo, la defensa planteó que los mensajes en los que aparece no son suficientes para responsabilizarlo penalmente. Consideraron que, aunque resultan reprochables desde lo moral, no constituyen pruebas sólidas para una condena.
La fiscalGabrielaBaigún fue la encargada de exponer en esta jornada. En instancias previas ya había planteado que el atentado debe analizarse bajo la figura de violencia política y de género. Su alegato buscó sostener la acusación por homicidio triplemente calificado en grado de tentativa, aunque con responsabilidades diferenciadas para cada imputado.
El proceso, que investiga el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de la entonces vicepresidenta, se encuentra en etapa de definiciones. Los defensores de los acusados serán los últimos en alegar, hacia finales de agosto, antes de que el tribunal pase a deliberar y dicte la sentencia.