El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo creado por ley en 2015 para el control, fiscalización y prevención de la violencia con armas de fuego. Mediante el Decreto 445/2025, el Ejecutivo eliminó la autarquía y personería jurídica que hasta ahora tenía la ANMaC, transfiriendo sus funciones al restituido Registro Nacional de Armas (RENAR), que pasará a depender directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida implica una centralización de poder en manos de Patricia Bullrich, ministra del área, y vuelve a poner en discusión el rumbo elegido por el gobierno en materia de armas.
Entre los puntos más cuestionados del decreto se encuentra la eliminación del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que financiaba acciones educativas, campañas públicas y capacitaciones interinstitucionales destinadas a reducir los riesgos del uso civil de armas. A partir de ahora, las acciones preventivas dependerán exclusivamente de los fondos asignados a la cartera de Seguridad, sin garantías de continuidad para los programas ya existentes. De este modo, se desmantela un sistema que funcionaba como barrera institucional ante el aumento del armamento en circulación y que respondía a una política integral en materia de seguridad ciudadana.
El Gobierno justificó el cambio bajo argumentos de eficiencia administrativa y reducción del gasto público. Según se indica en el texto del decreto, la transformación facilitará la coordinación con otras políticas nacionales del Ministerio de Seguridad y permitirá utilizar recursos preexistentes. Sin embargo, en los hechos, la medida representa un debilitamiento de los mecanismos de control y fiscalización, entregando todo el poder regulador sobre armas y explosivos a un área gubernamental que, bajo la gestión de Bullrich, ha promovido una mayor liberalización del mercado armamentístico.
El contexto refuerza esa línea: en las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei derogó el decreto que restringía desde1995 el acceso civil a armas semiautomáticas con cargadores de gran capacidad, una decisión que fue criticada por especialistas en seguridad y derechos humanos. También habilitó un procedimiento exprés para tramitar la tenencia de armas de fuego a través de internet, con costos cercanos a los 20.000 pesos. A su vez, redujo la edad mínima para portar armas a los 18 años, una flexibilización que contrasta con las preocupaciones globales sobre la circulación de armas en contextos de crisis económica y social.
La ANMaC había sido creada por la Ley 27.192 y respondía a un enfoque multidisciplinario: además del control de armas, tenía a su cargo la destrucción de materiales secuestrados, la generación de estadísticas, la colaboración con el Poder Judicial y la promoción de políticas de desarme. Todo ese marco legal fue desactivado por decreto, sin pasar por el Congreso y sin convocar a debate parlamentario, lo que suma cuestionamientos en cuanto a la legitimidad y la profundidad del cambio impulsado por el Ejecutivo.
Con la eliminación de la agencia y la concentración de poder en un solo ministerio, el gobierno libertario refuerza una agenda que prioriza la portación sobre la prevención, y que deja sin efecto herramientas clave para evitar la proliferación de armas en la sociedad civil. Lejos de fortalecer el control, la decisión del presidente Milei y su ministra Bullrich profundiza el riesgo de que la violencia armada se normalice, en un país donde las estadísticas ya muestran un crecimiento sostenido de homicidios con armas de fuego y una preocupante expansión de armamento en manos privadas.
