En un documento difundido en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Conferencia Episcopal Argentina realizó una de las críticas más severas de los últimos años a la política social y de seguridad del Estado nacional. Con un tono grave, los obispos afirmaron que «si el Estado se corre, entra el narcotráfico», y advirtieron sobre la consolidación de un «Estado paralelo» narco que gana terreno en los barrios más vulnerables del país. El mensaje, firmado por la cúpula del Episcopado, pone el foco en el abandono estatal y en el deterioro de las políticas de contención frente a una emergencia social cada vez más visible.
La Iglesia no solo reclamó presencia del Estado, sino que hizo un llamado concreto a financiar y ampliar las iniciativas comunitarias que hoy están solas en la primera línea del drama del consumo y el narcotráfico. «Desfinanciar estas obras es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte», señala el texto, que además destaca el rol de los Hogares de Cristo, Cáritas y otras organizaciones que acompañan a jóvenes atravesados por la adicción. La demanda de recursos fue explícita: «No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos».
La advertencia eclesial resuena con fuerza la provincia del Chaco donde la expansión narco se ha vuelto más evidente. Solo en los últimos meses, barrios como el 13 de Diciembre, el Don Santiago y la zona sur de Resistencia fueron escenario de múltiples allanamientos, con el desmantelamiento de búnkers, secuestro de miles de dosis de droga y detenciones por tenencia, venta y armado de estructuras ilegales. En el barrio Toba, un operativo reciente reveló la existencia de armamento de grueso calibre y grandes sumas de dinero en efectivo, dejando en evidencia la estructura organizada que sostiene al narcomenudeo en la capital chaqueña.
En paralelo, el interior de la provincia muestra signos igual de alarmantes. En enero, una camioneta fue interceptada en Lapachito con más de 700 kilos de marihuana; meses después, se decomisaron casi mil kilos de hojas de coca cerca de Taco Pozo, en la frontera norte. Las rutas chaqueñas se han convertido en corredores de tráfico, mientras los pueblos quedan cada vez más expuestos a redes de criminalidad que se instalan donde no hay respuesta estatal. En este contexto, la Iglesia insiste: sin presencia constante del Estado, la contención comunitaria no alcanza.
El mensaje episcopal no menciona directamente a autoridades nacionales, pero su interpelación es clara: «No habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad», advierten los obispos. En un momento en que la política de ajuste recorta recursos sociales y los discursos oficiales priorizan otras urgencias, la Iglesia planta una bandera: la lucha contra la droga no es solo policial, sino también humana, comunitaria y social. Y, sin inversión concreta, todo esfuerzo es insuficiente.
Por eso, en su cierre, el documento se dirige a quienes están atrapados por la adicción: «No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos». Pero también vuelve a cargar sobre los responsables de gobierno, en un ruego firme: «¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo!». Porque si el Estado no escucha, los narcos seguirán ocupando ese silencio.