El gobierno de Javier Milei disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para investigar el polémico caso $Libra, una criptomoneda que el propio presidente promocionó y que terminó en un desplome que dejó a inversores con pérdidas millonarias.
La medida, formalizada a través del Decreto 332/2025 y publicada hoy en el Boletín Oficial, abrió interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en este caso de alto perfil.
Según el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UTI «ha dado cumplimiento a la tarea encomendada» al remitir la información recopilada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el Gobierno no hizo público los resultados de la investigación, ni aclaró qué tipo de información fue entregada a la fiscalía.
Criptomonedas y redes sociales
El escándalo de $Libra estalló en febrero de 2025 cuando Milei impulsó activamente la criptomoneda en sus redes sociales, lo que catapultó su valor de prácticamente cero a más de 5 dólares.
La promoción presidencial desató una ola especulativa, pero la alegría duró poco. En cuestión de días, los desarrolladores del proyecto desaparecieron, la criptomoneda se desplomó y los inversores perdieron gran parte de su dinero. Muchos denunciaron un posible «rug pull», una estafa común en el mundo de las criptomonedas.
La UTI, que había sido creada en respuesta a la controversia, estaba integrada por expertos en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Su objetivo era determinar si hubo fraude o irregularidades en la promoción y el posterior colapso de $Libra.
El cierre sin detalles aumenta la incertidumbre
La disolución de la UTI sin la publicación de un informe final genera suspicacias. ¿Qué información se recopiló? ¿Se identificaron responsabilidades? ¿Existieron conflictos de interés? son algunas de las preguntas permanecen sin respuesta.
Además, el caso escaló a nivel internacional. Se presentó una demanda colectiva en Estados Unidos contra Milei, acusándolo de publicidad engañosa y negligencia por su papel en la promoción de $Libra.
A pesar del cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguraron que la investigación penal continuará en el Ministerio Público Fiscal, donde se analizará si hubo delitos económicos o si funcionarios cercanos al Presidente estuvieron involucrados en el escándalo.
