Corrupción: Así cayó el TESTAFERRO de Tito López, aliado de Capitanich
La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre la provincia del Chaco. Fernando Adrián Ayala, procesado por liderar una asociación ilícita que operaba con facturas falsas durante la gestión de Jorge Capitanich, fue detenido esta mañana en Resistencia. La justicia federal ordenó la prisión preventiva tras hallar videos escalofriantes: Ayala, junto a otros individuos, contaba fajos de dinero, incluso utilizando a sus propios hijos menores de edad para trasladar los billetes.
La detención, solicitada por el fiscal federal Patricio Sabadini y avalada por la jueza Zunilda Niremperger, se produjo en el domicilio de Ayala, donde también se secuestraron armas y municiones a nombre de su esposa, María José Reinau, también procesada en la causa.
Las autoridades buscan intensamente a Walter Pasko, el segundo acusado, quien permanece prófugo tras una serie de allanamientos realizados por la Policía chaqueña.
Ayala y Pasko enfrentan cargos por asociación ilícita y lavado de dinero. La investigación judicial destapó una compleja trama de facturas apócrifas utilizadas para evadir impuestos y simular la prestación de servicios inexistentes, generando un perjuicio al fisco estimado en más de 150 millones de pesos. Ambos procesamientos ya fueron confirmados y se encuentran a un paso del juicio oral.
El detonante de la detención fueron los videos hallados en el celular de Ayala, secuestrado en 2022. Las imágenes, capturadas por una cámara de seguridad instalada por el propio Ayala en el living de su casa, lo muestran recibiendo bolsos y mochilas repletas de dinero. En una escena particularmente perturbadora, registrada el 12 de julio de 2023, Ayala instruye a sus hijos menores para que trasladen los fajos de billetes. El fiscal Sabadini, en su pedido de detención, enfatizó la gravedad de la exposición de los menores a estas actividades ilícitas.
La justicia sospecha que Ayala y Pasko, en su rol de líderes de la organización, manejan grandes sumas de dinero en efectivo, producto de sus actividades delictivas, y que podrían estar ocultando activos para eludir la justicia. Un video del 28 de septiembre de 2023 muestra a Ayala ingresando a su domicilio con una mochila llena de dinero. Al día siguiente, Ayala, su esposa y sus hijos viajaron a Brasil con cinco valijas, regresando el 1 de octubre.
La hipótesis de la fiscalía es que este viaje tuvo como objetivo ocultar el dinero, posiblemente a través de operaciones financieras o inmobiliarias. Además, los imputados realizaron varios viajes a distintos países con probabilidad de ocultamiento.
La jueza Niremperger también ordenó nuevos allanamientos para secuestrar documentación relevante y ocho vehículos, presuntamente adquiridos con dinero proveniente del lavado de activos. La investigación destapa un entramado de cooperativas y conexiones políticas que se ramifican hacia otros expedientes por corrupción en la justicia chaqueña.
Ayala, titular de varias cooperativas, utilizaba las facturas falsas proporcionadas por Pasko, quien actuaba como contador.
Estas cooperativas operaban con diversos organismos del gobierno chaqueño, incluyendo el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de la Producción, y cinco municipios de la provincia. La facturación apócrifa se realizaba a través de empresas vinculadas a Pasko, generando créditos fiscales inexistentes.
La trama se complica aún más con la conexión con Mauro Andión, ex titular del IAFEP durante la gestión Capitanich, quien se encuentra detenido desde octubre de 2023 por administración fraudulenta en otra causa relacionada con la entrega de fondos públicos a organizaciones sociales. La pareja de Pasko, Diana Yael Daniel, trabajaba en el IAFEP y tiene parentesco con Andión.
La investigación también busca determinar la posible vinculación con Ramón «Tito» López, un dirigente piquetero preso por presunto lavado de dinero. Este nuevo escándalo sacude al Chaco y pone en evidencia la fragilidad de los controles y la persistencia de la corrupción en la administración pública. La justicia deberá determinar el alcance total de esta red delictiva y la responsabilidad de todos los involucrados.
