Tras una presentación del Comité Provincial contra la Tortura, el Superior Tribunal de Justicia reiteró a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad que el derecho a la protesta social debe ser garantizado en nuestra provincia y »sus limitaciones deben ser excepcionales».
Fue en respuesta a una acción de hábeas corpus presentada por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco tras la desmedida actuación policial del 11 de septiembre pasado. Ese día, por la mañana, se impidió el normal desarrollo de una protesta encabezada por jubilados provinciales frente a la obra social y caja previsional estatal (InSSSeP) en el marco de un reclamo nacional contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.