El sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien organizó una reunión entre diputados libertarios y represores, incluyendo a Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza, fue expulsado de la Diócesis de Zárate-Campana.
Esta decisión se tomó debido a » numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano». La sanción se produjo después de que la propia Conferencia Episcopal emitiera un comunicado distanciándose de las acciones del sacerdote, acompañado de contundentes gestos del papa Francisco, quien recibió a víctimas de la última dictadura militar.
«Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis», informaron en un comunicado este viernes.
«El sacerdote, presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate -Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno», recordó el obispado que es encabezado por Pedro María Laxague.
Cabe señalar que Olivera Ravasi es hijo del exmilitar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modela Marie-Anne Erize. Fue el organizador de la reunión de seis diputados de La Libertad Avanza con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión debido a que tienen más de 70 años, afrontar problemas graves de salud y no tener condena firme.