Se registraron 23 mil casos de pensiones truchas en el Chaco
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el foco de la justicia luego de destaparse una trama de corrupción que involucra posibles casos de fraude en varias provincias del país. La investigación, iniciada en la localidad chaqueña de Taco Pozo, ha destapado una extensa red de fraude en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
El fiscal federal Carlos Amad, a cargo de la investigación, declaró: «De 820 casos analizados, hemos demostrado que alrededor de 740 son espurios, mal otorgados y sin necesidad real». Esta revelación inicial en Taco Pozo llevó a una investigación más amplia que ha identificado hasta 23.206 pensiones sospechosas.
Según Amad, el perjuicio económico es significativo: «Solo en Taco Pozo se estima un perjuicio de 86,5 millones de pesos por mes». El fiscal advierte que, considerando todas las pensiones fraudulentas descubiertas, «el monto despilfarrado podría ascender a mil millones de pesos anuales».
La investigación ha revelado prácticas alarmantes, como el uso de una misma radiografía para justificar 150 pensiones diferentes, e incluso casos donde se presentó una radiografía de un perro para obtener una pensión por discapacidad.
Alfredo Capi Rodríguez, Jefe Regional de ANSES, señaló a N9: «Estamos ahora por hacer la auditoría médica de estas 23.000 pensiones que están siendo observadas. Es un paso muy importante en este proceso para determinar hasta dónde llegó el nivel de corrupción y de malversación de fondos».
Entre los imputados se encuentra el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, junto con médicos, «gestores» y tres directores de un hospital. La investigación ha revelado que se cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos.
Rodríguez añadió: «Han obviado las cuestiones técnicas que tiene el requerimiento del organismo, que se llama CMO, que es el control médico operativo. Había que haber hecho juntas médicas autorizadas, esto no se hizo, lo hizo cualquiera».
La investigación se ha extendido más allá de Chaco, alcanzando provincias como Salta y Jujuy. El fiscal Amad anticipó que, debido a los procedimientos del Código Procesal Penal vigente en Chaco, el caso podría llegar a juicio recién el próximo año.
