El Gobierno reglamentó la suba de la alícuota del impuesto al tabaco, que se elevó del 70% al 73%, lo cual impactará en el precio de venta de los cigarrillos al consumidor.
La decisión tiene otro costado: es un golpe directo a la posición privilegiada que ostenta de manera irregular el empresario Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí.
A través del decreto 658, se reglamentó cómo se calculará el aumento del tributo al tabaco, que generó fuertes controversias en la Cámara de Diputados, cuando se incorporó a la Ley de Bases. En la norma también se reglamentan otras medidas de transparencia fiscal, incluidas en la ley Bases.
La decisión de incorporar el tema del tabaco se aprobó con 82 votos a favor, 77 en contra y se abstuvieron 69 legisladores de Unión por la Patria y la izquierda, ya que, sostuvieron que se trataba de una «puja entre grandes empresarios».
El Gobierno sostuvo que es necesario «dotar de ciertas pautas al mecanismo de actualización», dispuesto en el décimo párrafo del artículo sin número, incorporado a continuación del artículo 28 de la misma ley, en atención a la fecha allí consignada.
Se fijó que cuando el precio de venta informado por las empresas tabacaleras no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, por resultar inferior, como mínimo, en un 20%, al precio que surja del relevamiento que haga a la AFIP, corresponderá utilizar el precio que ese organismo determine, excepto cuando las empresas «acrediten fehacientemente que es un precio del mercado».