Rechazaron un reclamo millonario que las Madres Plaza de Mayo le hizo al estado
El juez federal Pablo Cayssials desestimó la medida cautelar que solicitaba la transferencia de 556 millones de pesos a la institución desde Capital Humano
La Justicia federal rechazó hoy una medida cautelar presentada por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el Ministerio de Capital Humano. La institución educativa, fundada por la fallecida Hebe de Bonafini, reclamaba la transferencia de más de 556 millones de pesos para su financiamiento.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, fundamentó su decisión argumentando que no se apreciaban «las circunstancias excepcionales necesarias» para acceder al reclamo. Además, señaló que no se verificó «la verosimilitud en el derecho en forma patente» ni se vislumbró «acabadamente la supuesta arbitrariedad» denunciada por parte de la Administración Pública.
Por su parte, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la rectora de la UNMA, Cristina Caamaño Iglesias Paiz. Según el Gobierno, la designación de Caamaño quedó sin efecto por una resolución emitida por el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, se denunció que el acta de los comicios para su designación carece de validez al no contar con la aprobación pertinente según la Ley de Educación Superior.
Esta situación se enmarca en la decisión del gobierno de Javier Milei, tomada en febrero pasado, de suspender la apertura y poner bajo revisión cinco universidades creadas por ley durante la gestión anterior, entre ellas la UNMA. La medida busca «evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida».
El juez Cayssials también indicó que el reclamo de la UNMA «debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable». La suspensión de la apertura de la universidad se mantendrá hasta que se pueda determinar si se cumplió debidamente el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas instituciones educativas.
