Eduardo Belliboni declaró este martes en el marco de la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado, y negó haber extorsionado a beneficiarios de planes y desviado fondos.
El dirigente se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, y el fiscal Gerardo Pollicita, pero no respondió preguntas.
En relación a las acusaciones de facturas truchas, Belliboni afirmó que es la AFIP la que debía controlar a las empresas como Coxtex, y mencionó que el organismo les comunicó que la compañía «era legal».
Además, negó el sistema de multas para quienes se negaban a participar de las marchas, y dijo que es falso que no hayan rendido $81 millones de los convenios del Potenciar Trabajo. «Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando», aseguró.
«Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado», dijo Belliboni tras su declaración.
Asimismo, con respecto a las facturas supuestamente truchas, señaló: «Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP».
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes acusaciones: por un lado, se le achaca el haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas (administración fraudulenta), y además, se lo responsabiliza por las extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
